A seis años de su ascenso al poder, Jeanine Añez reivindica su presidencia como un acto que «garantizó la democracia», afirmando que no se arrepiente de nada. Sin embargo, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) documenta un patrón de graves violaciones a los derechos humanos durante su gestión, incluyendo masacres, ejecuciones sumarias y violencia sexual.
La expresidenta Jeanine Añez, en el sexto aniversario de su asunción al poder el 12 de noviembre de 2019, ha declarado que no se arrepiente de su decisión y que «volvería a aceptarla». En un comunicado, Añez calificó su mandato, que llegó por sucesión tras la renuncia de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral, como una acción que garantizó la «continuidad democrática» y la convocatoria a nuevas elecciones [fuente: Declaraciones de Jeanine Añez].
Esta declaración llega poco después de su liberación, tras pasar más de cuatro años en prisión, amparada en un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que consideró su sucesión una «necesidad constitucional» para evitar un caos mayor en el país [fuente: Declaraciones de Jeanine Añez].
Sin embargo, esta narrativa contrasta de manera contundente con las conclusiones del Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia). Este documento detalla una serie de crímenes de Estado que tuvieron lugar durante la crisis y el inicio de su gobierno.
«Ejecuciones Sumarias»: Las Masacres de Sacaba y Senkata
El informe del GIEI es categórico al calificar los eventos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) como «masacres». En ambos casos, ocurridos el 15 y 19 de noviembre de 2019 respectivamente, las fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército ejecutaron operativos que resultaron en la muerte de al menos 20 personas y dejaron cientos de heridos.
El GIEI concluyó que en ambas situaciones, las fuerzas de seguridad reaccionaron con un «uso desproporcionado de la fuerza» [fuente: Informe GIEI-Bolivia p. 228]. La investigación califica muchas de estas muertes como «ejecuciones sumarias», dado que las víctimas recibieron impactos de proyectiles de armas de fuego de alta velocidad en la cabeza y el tórax mientras huían o no representaban una amenaza inminente [fuente: Informe GIEI-Bolivia p. 226].
Estos hechos ocurrieron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado por el gobierno de Añez el 14 de noviembre de 2019. Este decreto eximía de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participara en operativos para el restablecimiento del orden interno, una medida que, según la CIDH y el GIEI, «estimuló la represión violenta» [fuente: Informe GIEI-Bolivia p. 30].
Violencia Sexual y de Género como Herramienta de Represión
Más allá de las muertes, el informe del GIEI documenta un patrón de violencia sexual y de género utilizado contra personas detenidas durante las protestas. El análisis destaca que la violencia contra las mujeres fue «diferenciada» e incluyó «tocamientos de carácter sexual, amenazas de posibles violaciones sexuales e insultos basados en estereotipos sobre los roles de género» [fuente: Informe GIEI-Bolivia p. 318].
Los testimonios recogidos detallan cómo las mujeres detenidas en dependencias policiales, como la EPI 3 de El Alto, fueron obligadas a desnudarse, sufrieron tocamientos en sus genitales y recibieron amenazas de violación por parte de los agentes [fuente: Informe GIEI-Bolivia p. 311]. El informe califica estos actos como constitutivos de tortura.
Un Sistema de Justicia Instrumentalizado
Contrario a la idea de haber «garantizado la democracia», el informe del GIEI describe la «instrumentalización del sistema de justicia con fines políticos» durante el gobierno de Añez [fuente: Informe GIEI-Bolivia p. 260]. Se evidenció un «uso abusivo de la prisión preventiva» y la utilización de tipos penales ambiguos como «sedición» y «terrorismo» para perseguir a líderes sociales, exfuncionarios y personas que participaron en movilizaciones.
La investigación concluye que estas acciones generaron «graves violaciones de los derechos humanos» y menoscabaron la credibilidad en las instituciones, alejándose de los principios fundamentales de un Estado de derecho [fuente: Informe GIEI-Bolivia p. 462].
Mientras Jeanine Añez reivindica su pasado y mira al futuro con esperanza en el actual gobierno «para conducir a Bolivia por el camino de la reconciliación», las conclusiones del GIEI-Bolivia presentan una realidad documentada de violencia extrema y crímenes de lesa humanidad. Dos narrativas opuestas que definen uno de los capítulos más convulsos de la historia reciente del país.
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