El diez de abril, el Ministerio de Gobierno presentó un documental que relata los sucesos encabezados por el ex Gral. Juan José Zúñiga en junio del año pasado, que son por demás conocidos. Sin embargo, entre los elementos nuevos que describe el documental, destacan principalmente dos: La lista de las personas que ejercerían funciones ministeriales en un supuesto nuevo gobierno de transición. Aquella información recibió amplia cobertura mediática, es la noticia principal de los medios de comunicación.
Mientras que, el segundo elemento pasó desapercibido por los medios de comunicación, analistas e incluso por el mismo gobierno, si bien está mencionado en el documental, se presenta como anecdótico e insignificante. Según la información expuesta, se entiende que existen elementos de prueba que evidencian la participación de la Embajada de Estados Unidos en los hechos de junio. En sus declaraciones, los acusados afirman que se reunían con funcionarios de la Embajada para coordinar e informar sobre el plan golpista y el apoyo que les brindaría EE.UU, aparentemente participaron la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Debra Hevia, el Consejero Político/Económico Adjunto de la Embajada, Sonam Liberman, también el Jefe de Seguridad de la Embajada Tcnl. Roberto Vargas, y el ex funcionario de la Embajada, ex secretario privado de la ex presidenta Añez, y agente de la CIA, Erick Foronda.
Aquellas revelaciones realizadas por los acusados junto las pruebas materiales recabadas en la investigación, son elementos suficientes para iniciar una investigación específica para determinar la veracidad de las declaraciones y el nivel de participación de los funcionarios de la Embajada. Pero en el documental se omite cualquier información relacionada a las reacciones, decisiones y acciones del gobierno nacional frente a su par estadounidense, no se conoce ningún comunicado, nota, solicitud, declaración pública u otra realizada por el gobierno mediante la cancillería u otra entidad o autoridad pública. Es deber y obligación de las autoridades nacionales velar por el estricto cumplimiento de las normativas, acuerdos y tratados internacionales que rigen las actividades de las embajadas y consulados a nivel mundial.
En ésta situación concreta, es explícita la prohibición que tienen las embajadas y consulados para interferir o intervenir en los asuntos internos de otros países. La transgresión de esa prohibición puede conllevar a diversas consecuencias en las relaciones diplomáticas, desde una llamada de atención, expulsión de funcionarios, congelamiento hasta rompimiento de relaciones, incluso se puede constituir en casus belli (motivo o causa de guerra). ¿cuál sería la reacción del gobierno de Estados Unidos si tuvieran elementos probatorios de la participación de la Embajada de Bolivia en un proceso de golpe de Estado al gobierno estadounidense? Lo último que se puede esperar es que sus autoridades no realicen ninguna acción y solo se conformen con mencionar el papel de la Embajada boliviana en un documental oficial.
Pero, por lo visto, las autoridades en Bolivia no saben, no quieren o no pueden defender la soberanía nacional, en lugar de precautelar los intereses del país frente a intervenciones desestabilizadoras efectuadas por otros países, prefieren atacar a sus rivales políticos. Aquello se hace evidente en el documental, sugiriendo que los principales artífices del intento de golpe de Estado son Evo Morales y Juan Ramón Quintana, atribuyéndoles un poder inmenso con capacidad de utilizar, influir, controlar y dominar a todos los actores involucrados en el intento golpista, como las FFAA, la Embajada de EEUU, oficiales de reserva y las demás personas involucradas directa e indirectamente.
En conclusión, el relato presentado por el gobierno en el documental ¿Qué pasó el 26J en Bolivia? es el triunfo sobre la conspiración liderada por Morales y Quintana, en complicidad de agentes de las Fuerzas Armadas, militares de reserva o en retiro y operadores civiles junto a la Embajada de Estados Unidos, todos unidos en un bloque para derrocar al gobierno de Luis Arce. A pesar que no muestran o señalan ni un solo elemento probatorio que demuestre la participación de Morales y Quintana en las acciones de Zúñiga y compañía, salvo alguna publicación en una red social que corresponde a Morales y una declaración de Quintana en una entrevista carentes de importancia significativa, pero, serían suficientes para que el gobierno los considere como los máximos exponentes del complot golpista. El resto de actores involucrados, incluyendo a la Embajada estadounidense, serían meros personajes secundarios al servicio de los poderosos Morales y Quintana.
Diego Hernán Moscoso Sanginés Uriarte, es economista de la UAGRM
La Paz, Bolivia, abril del 2024
