El aumento de precios en Bolivia se ha convertido en uno de los principales síntomas de una economía cada vez más presionada por factores estructurales y decisiones gubernamentales. La reciente disputa entre el Gobierno y los productores de leche, junto con el veto a las exportaciones de carne de res, pone en evidencia una crisis multisectorial que amenaza con afectar tanto la oferta de alimentos como la estabilidad de los pequeños productores.
Sector lechero en emergencia: el precio del litro no cubre los costos
Los productores de leche han declarado estado de emergencia ante lo que consideran un precio insostenible del litro de leche cruda. Actualmente, la industria paga entre Bs 3,50 y 3,60, mientras que el costo de producción supera los Bs 5,16, según estudios del propio sector. El Gobierno propuso un incremento de Bs 0,50, llegando a Bs 4,10 por litro, oferta calificada como “razonable” por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.
“El precio de la leche para el consumidor final no subirá”, aseguró Flores. Sin embargo, los productores advierten que, si no se reconoce un precio justo de al menos Bs 6 por litro, el abastecimiento nacional de leche está en riesgo. Dirigentes como Mario Mercado y representantes de Fedeple anunciaron posibles paros y movilizaciones.
Aumento de insumos y falta de dólares elevan los costos de producción
El aumento del precio de la leche en Bolivia está vinculado a factores que trascienden el conflicto directo con el Gobierno. Los productores explican que enfrentan una fuerte alza en los precios de insumos como la harina de soya (con un incremento del 32%), alimentos para ganado, medicamentos veterinarios y diésel. Además, la falta de dólares dificulta la importación de insumos esenciales.
Este panorama crítico ha llevado al cierre de más de 100 lecherías solo en Santa Cruz, según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), afectando la producción nacional estimada en 1,7 millones de litros diarios.
El Fondo Proleche busca redireccionar recursos a los pequeños productores
Como parte de la respuesta estatal, el Gobierno propuso modificar la Ley Nº 204 para que el 100% del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas financie el Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo (Proleche). Esta medida, en evaluación hasta el 24 de abril en la Asamblea Legislativa, busca redirigir Bs 40 millones a los productores, aunque no resuelve el problema estructural de los precios bajos frente a costos altos.
Veto a exportaciones de carne: el precio sube pese a las restricciones
En paralelo, el precio de la carne de res también ha registrado aumentos preocupantes. El kilo de pulpa alcanza los Bs 64 y la carne molida hasta Bs 50 en mercados y carnicerías, a pesar del veto a las exportaciones que el Gobierno mantiene desde hace más de 70 días.
El ministro Yamil Flores justificó la medida señalando que los sectores ganadero e industrial no han cumplido los acuerdos de reducción de precios. “No podemos ser irresponsables y reabrir las exportaciones cuando los precios siguen subiendo”, sostuvo.
CAO responsabiliza al Gobierno por el aumento de precios
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, culpó directamente al Gobierno por el aumento de precios en Bolivia. “No se trata solo de carne o leche. La escasez de combustibles, la burocracia y la falta de planificación agravan aún más la situación”, denunció. La CAO advirtió que las soluciones del Ejecutivo son parches temporales que no permiten al sector agropecuario planificar ni garantizar el abastecimiento interno.
Frerking señaló que la falta de diésel es crítica, especialmente en las provincias alejadas, y que los productores están más preocupados por conseguir combustible que por mejorar su eficiencia. “El diésel es la sangre de la producción. Sin él, no hay futuro”, concluyó.
Aumento de precios y descoordinación gubernamental agravan el panorama
Analistas advierten que Bolivia enfrenta una inflación encubierta, marcada por el aumento de precios en productos básicos como la carne, leche, huevo y verduras. A esto se suma la falta de dólares, que encarece las importaciones, y la crisis del diésel, que retrasa la logística productiva.
La ausencia de una política agropecuaria coordinada y estructural ha dejado al sector productor desprotegido, sin mecanismos eficientes para enfrentar la subida de precios de insumos ni para negociar condiciones más justas con la industria.
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