El exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, quien cumple una condena en EEUU por delitos de soborno y lavado de dinero, será liberado el 21 de julio de 2025, según el sitio oficial de la Oficina Federal de Prisiones (BOP). Sin embargo, esta fecha está sujeta a cambios, aclara la institución penitenciaria estadounidense.
Murillo, detenido desde 2021 y actualmente recluido en la cárcel federal de Miami con el número de registro 02358-506, fue sentenciado a 70 meses de prisión tras declararse culpable en octubre de 2022 por recibir sobornos y lavar dinero relacionado con la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
La condena económica: Arturo Murillo deberá pagar $us 6,2 millones a Bolivia
Además de la condena penal en Estados Unidos, Arturo Murillo fue sentenciado en un juicio civil impulsado por el Estado boliviano, a pagar una indemnización de $us 6.287.525,42 por daño económico al erario nacional. La sentencia fue emitida por el Tribunal del Undécimo Circuito del Condado de Miami-Dade, en el estado de Florida.
Según el fallo, Murillo no respondió a la demanda civil presentada por Bolivia, razón por la cual fue declarado en rebeldía el pasado 10 de marzo. La demanda, presentada inicialmente en 2023, lo acusó de conspiración civil, enriquecimiento ilícito, violación de deber fiduciario, y delitos bajo la Ley RICO (normativa estadounidense contra organizaciones corruptas y mafias).
El caso gases lacrimógenos: cómo operó la red de corrupción
En noviembre de 2019, a pocos días de asumir el cargo, Murillo solicitó la compra de armamento no letal —entre ellos granadas de gas y balines de goma— por un valor de $us 5,6 millones a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), en coordinación con el Ministerio de Defensa. Las investigaciones revelaron que el contrato incluía un sobreprecio de $us 2,3 millones, dinero que luego fue desviado y lavado a través de entidades financieras en Estados Unidos.
Este monto fue destinado a sobornos, de los cuales Murillo y sus socios se beneficiaron directamente. Entre los implicados figuran su exjefe de gabinete Sergio Méndez, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro en La Paz tras ser deportado por EE.UU., y los empresarios estadounidenses Philip Lichtenfeld, Luis Berkman Littman y Bryan Samuel Berkman, también procesados en el país norteamericano.
La influencia de Arturo Murillo en el gobierno transitorio de Áñez
Murillo fue considerado una de las figuras más poderosas del gobierno de Jeanine Áñez. Su influencia quedó evidenciada cuando logró que el Ejecutivo emitiera tres decretos que autorizaron compras “por excepción” y facilitaron la adquisición de armamento no letal sin procesos de licitación pública.
La Procuraduría General del Estado, que impulsó el juicio civil en Miami, contrató al bufete estadounidense Greenberg Trauring PA, logrando dos sentencias favorables: la primera contra Méndez el 3 de abril y la segunda contra Murillo, emitida el 9 de abril de este año.
¿Murillo será extraditado a Bolivia?
Aunque Murillo culminará su condena en EE.UU. en julio de este año, no se ha confirmado si será extraditado a Bolivia para enfrentar el proceso penal pendiente en el país por el mismo caso. El Ministerio de Justicia no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el trámite de extradición, pero la posibilidad sigue abierta.
La liberación de Arturo Murillo no significa el fin de sus cuentas con la justicia. El exministro no solo deberá pagar más de $us 6 millones a Bolivia, sino que su posible extradición podría marcar un nuevo capítulo en el caso que se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno transitorio.
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