Una reciente investigación del medio digital salvadoreño El Faro ha reavivado los rumores sobre los presuntos vínculos de Nayib Bukele con pandillas y narcotráfico, al revelar testimonios de cabecillas del grupo criminal Barrio 18. Según las declaraciones, los pactos con emisarios cercanos al hoy presidente de El Salvador habrían comenzado en 2014, cuando Bukele aún era candidato a la alcaldía de San Salvador.
Líder pandillero revela detalles del pacto con el entorno de Nayib Bukele
Carlos Cartagena, alias “Charly de la IVU”, uno de los líderes de Barrio 18 Revolucionarios, reveló a El Faro que los contactos con el entorno de Bukele se prolongaron durante años. En sus palabras, las pandillas facilitaron el ascenso político del actual mandatario, desde la alcaldía en 2015 hasta la presidencia en 2019, a cambio de dinero y beneficios para líderes presos. Incluso afirma que algunos cabecillas escaparon del país con complicidad de funcionarios de alto nivel.
“El acuerdo era monetario”, declaró Cartagena, quien explicó que su misión consistía en movilizar el voto en favor de Bukele dentro de las comunidades bajo influencia de la pandilla. «Teníamos que dar una directriz concreta», añadió el pandillero.
Ruptura del pacto tras una masacre en 2022
El acuerdo, según Cartagena, se rompió tras una ola de homicidios en 2022, que derivó en la imposición del régimen de excepción por parte del gobierno. Desde entonces, Bukele ha promovido una política de mano dura contra las pandillas, que ha dejado más de 86,000 detenidos sin orden judicial, según cifras oficiales.
El Faro también entrevistó a un segundo pandillero del Barrio 18, conocido como “Liro Man”, quien confirmó que los emisarios del pacto eran Carlos Marroquín, director de programas sociales, y Osiris Luna, viceministro de Justicia. Ambos fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos en 2021 por mantener negociaciones encubiertas con líderes de la MS-13 y Barrio 18.
El gobierno de Nayib Bukele niega las acusaciones y persigue al periodismo
Tras la publicación de las entrevistas, el gobierno de Bukele negó las acusaciones. Sin embargo, el medio El Faro denunció que la Fiscalía de El Salvador estaría preparando órdenes de captura contra los periodistas responsables de las investigaciones, incluyendo a los hermanos Óscar y Carlos Martínez.
El director de El Faro, Carlos Dada, advirtió sobre posibles represalias legales, lo que ha generado preocupación en organismos internacionales. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestaron su “profunda alarma”, mientras que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se declaró en estado de alerta ante cualquier intento de censura o detención arbitraria.
La política de seguridad como escudo mediático
En respuesta indirecta a las revelaciones, Bukele escribió en la red social X que «los medios globalistas han perdido su negocio», haciendo alusión a los logros de su política de seguridad, que ha reducido la tasa de homicidios en el país a mínimos históricos.
Sin embargo, el trasfondo de las entrevistas y las sanciones internacionales contra altos funcionarios alimentan las dudas sobre si la estrategia de seguridad de Bukele se construyó inicialmente sobre un pacto con las mismas estructuras criminales que hoy combate.
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