Evo Morales ha dejado claro que su candidatura presidencial para las elecciones generales de Bolivia 2025 es innegociable. Tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prohíbe un tercer mandato, el exmandatario optó por el camino de la confrontación: advirtió que si el movimiento indígena y popular no participa en los comicios, se provocará una “convulsión” en el país.
Morales desafía fallo del TCP y promete inscribirse como candidato
Durante una entrevista con Kawsachun Coca, Morales aseguró que la exclusión del movimiento indígena de los comicios del 17 de agosto es “una provocación” que derivará en una crisis nacional. “Aquí están llamando a una convulsión, están provocando una combustión”, dijo, responsabilizando al Gobierno si se desata violencia.
La reacción del expresidente llega luego de que el TCP, en una decisión unánime, dictaminara que nadie puede ejercer la presidencia de Bolivia por más de dos periodos, sean continuos o discontinuos. Esta sentencia (007/2025) cierra el camino legal a su candidatura.
El equipo legal de Evo Morales desconoce la sentencia
Pese a la claridad del fallo constitucional, los abogados de Morales aseguran que el dictamen “no tiene efecto alguno” sobre la postulación del exmandatario. Wilfredo Chávez, su abogado principal, afirmó que el TCP no tiene competencia para inhabilitar candidatos y que esa facultad recae únicamente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“El tema legal está absolutamente claro: Evo está habilitado”, insistió Chávez, quien acusó al TCP de extralimitarse al reinterpretar el artículo 168 de la Constitución, que permite una sola reelección de manera continua.
El TCP cierra la puerta a una tercera postulación presidencial
La sentencia 007/2025 establece que ningún ciudadano boliviano podrá ejercer el cargo de Presidente o Vicepresidente más de dos veces, sin importar si los mandatos fueron continuos o discontinuos. El decano del TCP, Yván Espada, recalcó que la norma tiene aplicación inmediata y debe ser acatada por todos.
“Se evita, de este modo, cualquier intento de perpetuación en el poder. La decisión es jurídica, técnica y constitucional”, expresó el magistrado en conferencia de prensa desde Sucre.
La decisión está respaldada por la Opinión Consultiva 28/2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que la reelección indefinida no constituye un derecho humano.
Amenazas y movilización: Evo Morales convoca a la presión social
El entorno del líder cocalero no tardó en reaccionar. Desde el Trópico de Cochabamba se lanzó una advertencia: “Evo Morales será candidato por las buenas o por las malas”. Así lo expresó el dirigente Ponciano Santos, quien llamó a iniciar la “batalla final” por la habilitación de Morales.
A partir del 15 de mayo, las organizaciones sociales que apoyan a Morales comenzaron una caravana rumbo a La Paz para presionar al TSE a aceptar su candidatura. “Nos declaramos en emergencia nacional con el 100% de nuestras bases movilizadas”, anunció David Veizaga, otro dirigente evista.
TSE tiene la última palabra sobre la candidatura de Evo Morales
El Tribunal Supremo Electoral mantiene una postura prudente. El vocal Francisco Vargas aseguró que el TSE esperará la notificación oficial del TCP y analizará la sentencia antes de emitir un pronunciamiento.
“El TSE es el único órgano que tiene la facultad legal para definir la habilitación de candidaturas. Respetaremos la Constitución y la independencia de poderes”, declaró Vargas.
El periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones generales 2025 comenzó el 15 de mayo y se extenderá hasta el 19. Si Morales insiste en su postulación, será el TSE quien determine si puede participar o no, en función de lo dispuesto por el TCP.
Evo Morales enfrenta el dilema entre institucionalidad y presión social
La apuesta de Evo Morales por la razón o la fuerza para inscribir su candidatura presidencial en 2025 coloca a Bolivia en un escenario de alta tensión. Mientras el TCP cierra la vía legal a una tercera postulación, el exmandatario insiste en que está habilitado, convocando movilizaciones masivas y desafiando a las autoridades electorales.
El desenlace dependerá del pronunciamiento oficial del TSE, que debe decidir si cumple con la sentencia constitucional o cede ante la presión de las bases sociales que respaldan al exmandatario.
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