LAS EXPERIENCIAS DE AUTOGESTIÓN OBRERA DE LAS EMPRESAS SOCIALES
Por Diego Hernán Moscoso Sanginés Uriarte.
El presente artículo ofrece un acercamiento introductorio a un fenómeno económico, político y social emergente en el movimiento obrero boliviano, particularmente en el sector fabril: la autogestión obrera.
En el marco del proceso constituyente, las organizaciones sindicales lograron incorporar en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) un artículo que abrió un espacio inédito de disputa y defensa de los derechos laborales. Este cambio cualitativo modificó el escenario en el que se dirimen los conflictos entre la clase trabajadora y la clase capitalista.
La constitucionalización de este derecho representa, en términos político-ideológicos, la conquista más relevante para la clase obrera boliviana en los primeros 25 años del siglo XXI. Sin embargo, como señala el refrán, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho: la inclusión de un derecho en la CPE no garantiza su materialización en la práctica social. La distancia entre la letra escrita y su aplicación efectiva sigue siendo un reto.
Esta nueva figura constitucional condensa décadas de lucha y organización obrera, expresando sus aspiraciones y reivindicaciones. A la vez, plantea retos inéditos: nuevas responsabilidades, aprendizajes y un campo de acción aún inexplorado por los trabajadores bolivianos. Su potencial es amplio: podría contribuir a modificar, a largo plazo, las relaciones de producción capitalistas, o al menos consolidarse como modelo piloto alternativo en el mediano plazo. No obstante, también podría quedar como una experiencia fallida, dependiendo de la correlación de fuerzas y la capacidad de organización del movimiento obrero.
La autogestión obrera constituye, simultáneamente, la mayor conquista y el desafío más complejo para la clase trabajadora boliviana. Su desarrollo podría transformar la dinámica fabril, la economía, la política y la sociedad, alterando de forma sustantiva la estructura económica del país.
A continuación, se presentan conceptos básicos, antecedentes históricos, el marco jurídico vigente, experiencias representativas y las principales limitaciones que enfrenta la autogestión obrera en Bolivia durante el siglo XXI.
1. La Autogestión Obrera
La autogestión obrera es una modalidad de gestión empresarial caracterizada por el control colectivo de los medios de producción y la administración directa por parte de las trabajadoras y los trabajadores. Generalmente surgen tras la crisis, quiebra o abandono de una empresa capitalista, siendo reorganizada por los y las trabajadoras bajo un modelo democrático y colectivo.
Aunque no existe consenso sobre su origen histórico, algunas interpretaciones lo remontan a las comunidades de esclavos rebeldes en la Grecia antigua o a las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, se reconoce que las primeras experiencias sistemáticas en el marco del régimen de producción capitalista se dieron en el siglo XIX con la creación de cooperativas, destacando la iniciativa de Robert Owen en 1825 (Reino Unido).
En Sudamérica, la primera cooperativa se fundó en Argentina en 1875, impulsada por inmigrantes franceses influenciados por la Comuna de París (1871). En Bolivia, la clase obrera minera promovió experiencias cooperativas desde la década de 1930, aunque la primera Ley de Cooperativas se promulgó recién en 1958.
Sin embargo, es importante distinguir entre las empresas cooperativas y las empresas reactivadas por las y los trabajadores en clave autogestionaria. Si bien comparten principios similares, su principal diferencia radica en las formas de su creación y algunos elementos jurídico – legales.
Por un lado, las empresas cooperativas se constituyen a partir de aportes individuales que pueden ser monetarios, infraestructura, bienes inmuebles, maquinaria, herramientas, materias primas o insumos, fuerza de trabajo, y otras modalidades de aportes tangibles e intangibles para la creación y funcionamiento de una nueva empresa.
Mientras que las empresas autogestionadas surgen a consecuencia del cierre por quiebra o abandono de empresas capitalistas, que pasan a propiedad de sus trabajadoras y trabajadores como compensación de pago para saldar las deudas por salarios, aportes previsionales, beneficios sociales y otros incumplidos por parte de la patronal. Entonces, las empresas autogestionadas se constituyen desde el seno mismo de una empresa capitalista.
2. Tensiones ideológicas en el movimiento obrero boliviano
El desarrollo de la autogestión en Bolivia se ha visto limitado por la falta de información y por divisiones ideológicas internas.
Se identifican dos tendencias principales:
Corrientes estalinistas y trotskistas: Defienden la estatización de las empresas bajo control obrero, siguiendo el modelo soviético.
Corrientes marxistas-comunistas, anarquistas y anarco-comunistas: Plantean la autogestión directa sin estatización previa, inspirada en la Comuna de París.
Aunque el modelo yugoslavo de posguerra incorporó características autogestionarias, en Bolivia han predominado las posturas estatistas, tanto en programas partidarios como en decisiones gubernamentales.
3. El renacer autogestionario del siglo XXI
A inicios del siglo XXI, al calor de las luchas obreras, surgieron experiencias de autogestión de forma más orgánica y decidida. En este proceso, Argentina se consolidó como vanguardia mundial con el “Movimiento de Empresas Recuperadas”, que logró reactivar numerosas unidades productivas bajo control de sus trabajadores. Este fenómeno inspiró procesos similares en otros países, y actualmente dicho movimiento promueve encuentros internacionales de trabajadores autogestionados desde 2007.
El 13º Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Autogestionadas se realizará en noviembre de 2025 en La Rioja, Argentina.
4. El contexto boliviano: avances normativos y limitaciones
Con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, Bolivia reconoció la economía plural (Art. 306): Empresas Públicas, Privadas, Comunitarias y Social Cooperativa. Asimismo, el Artículo 54, parágrafo III, permite a los trabajadores reorganizar empresas cerradas o abandonadas para convertirlas en empresas sociales o comunitarias, con el apoyo del Estado.
Posteriormente, se aprobaron los siguientes instrumentos normativos:
D.S. 1754 (2013): Facilita la constitución de empresas sociales de carácter privado.
Ley 1055 (2018): Establece el marco jurídico para la creación de empresas sociales.
D.S. 3771 (2019): Reglamenta la Ley 1055.
Sin embargo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la Ley 1055, aún pendiente de resolución.
5. Principales experiencias de autogestión obrera en Bolivia
Durante estos años se registraron varios intentos de creación de empresas sociales por parte de trabajadoras y trabajadores fabriles. A continuación se presenta una lista de las principales experiencias de las empresas autogestionadas. La mayor cantidad de empresas están en el departamento de La Paz, pero también existen en los departamentos de Cochabamba y Oruro. (En próximos artículos se abordará la situación de cada empresa):
| Empresa | Año | Situación actual | Trabajadores/as |
| Punto Blanco | 2015 | Activa (empresa unipersonal) | 40 |
| Diplomodel | 2018 | Activa (SRL) | 25 |
| Cerámicas Victoria | 2016 | Inactiva -en proces- (Empresa Social) | 30 |
| INAL Panda | 2019 | Activa (empresa unipersonal) | 110 |
| INCERPAZ | 2024 | Inactiva (En proceso) | 200 |
Además, hay otras empresas en distintos departamentos:
Oruro: Industrias de Cerámica Oruro.
Cochabamba: Corporación Industrial Dillmann (Cordill), Gomas Prosil y Hilsend.
6. Limitaciones del marco legal vigente
Las principales desventajas del marco normativo actual son:
Las trabajadoras y trabajadores deben asumir las deudas de la empresa.
Deben renunciar al cobro de beneficios sociales adeudados para acceder a la administración.
Las deudas patronales con la seguridad social impiden acceder a servicios médicos o al Sistema Único de Salud (SUS).
Las deudas con las anteriores AFP y la actual Gestora Pública, afectan la jubilación y no permiten el retiro de aportes.
Los empresarios no asumen ninguna responsabilidad por las deudas contraídas.
Las trabajadoras y trabajadores enfrentan obstáculos judiciales, costos procesales, indiferencia institucional y ausencia de políticas de apoyo.
Las normativas no definen roles ni funciones claras y oportunas de las instituciones públicas para el diseño de políticas, planes, programas y proyectos específicos para las empresas autogestionadas.
7. Formas de administración obrera en las empresas sociales
Base organizativa: el sindicato.
Toma de decisiones en asambleas, ampliados o congresos.
Comités de vigilancia y responsables por áreas (compras, producción, finanzas…).
Contratación de personal administrativo (contador/a).
Elección por voto en asuntos clave.
8. Debilidades comunes
Curva de aprendizaje administrativa.
Ausencia de manuales de procesos.
Escasa formación específica en autogestión.
Falta de apoyo técnico y coordinación entre empresas sociales.
Inexistencia de un plan estratégico común para fortalecer jurídicamente, financieramente y organizativamente a las empresas sociales.
El Estado no cumple con el mando constitucional y normativo que regula la creación de las empresas sociales o autogestionadas, tanto a nivel gubernamental como judicial. Pues, además de indiferencia institucional, existen hechos de sabotaje y obstaculización para evitar la conformación y consolidación de las empresas sociales.
9. Reflexión final
Desde la aprobación de la nueva Constitución hasta 2019, el Estado boliviano realizó esfuerzos iniciales para fomentar la autogestión, pero no logró consolidar una política integral. A partir de 2020, se evidenció un retroceso en el compromiso gubernamental. La mayoría de las empresas se encuentran actualmente en las mismas condiciones que en 2019: unas pocas sobreviven produciendo con esfuerzo, mientras que otras están paralizadas por falta de gas, energía o capital operativo.
La autogestión obrera en Bolivia sigue siendo una aspiración legítima y valiente, enfrentada a una normativa insuficiente, a la falta de voluntad política y al abandono institucional. No obstante, las experiencias existentes demuestran que otro modelo de empresa es posible, cuando los trabajadores toman el control de su destino productivo.
10. Recomendaciones Finales
1. Fortalecimiento del marco jurídico
Es imprescindible que el Estado boliviano revise y perfeccione la legislación vigente en materia de empresas sociales y autogestionadas, para garantizar la protección efectiva de los derechos laborales y la seguridad jurídica de las y los trabajadores. Se recomienda la eliminación de cargas indebidas, como la asunción total de deudas empresariales por parte de los trabajadores, y establecer mecanismos claros para la responsabilidad empresarial previa.
2. Implementación de políticas públicas integrales
Se requiere diseñar y ejecutar políticas públicas específicas que promuevan y fortalezcan la autogestión obrera, incluyendo planes de capacitación, asistencia técnica, financiamiento accesible y asesoramiento legal. Estas políticas deben contar con el compromiso interinstitucional para asegurar su aplicación efectiva y sostenida en el tiempo.
3. Impulso a la formación y capacitación
Dado que la autogestión implica una curva de aprendizaje considerable, es fundamental promover programas de formación continua en gestión administrativa, financiera y productiva dirigidos a los colectivos de trabajadores autogestionados, con el fin de profesionalizar sus capacidades y optimizar la administración de las empresas sociales.
4. Promoción de la cooperación y redes entre empresas sociales
Fomentar la creación de redes y espacios de intercambio entre las distintas empresas autogestionadas facilitará la coordinación, el aprendizaje mutuo y el desarrollo de estrategias conjuntas para afrontar desafíos comunes, potenciar la comercialización y mejorar la competitividad del sector.
5. Superación de las tensiones ideológicas mediante el diálogo y la unidad
Para avanzar en la consolidación de la autogestión obrera, es indispensable superar las divisiones internas mediante espacios de diálogo inclusivos que permitan construir consensos estratégicos y tácticos entre las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero.
6. Vigilancia y cumplimiento constitucional
Se exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a cumplir de manera coherente y eficaz con el mandato constitucional que reconoce y protege la autogestión obrera, eliminando prácticas de indiferencia, sabotaje o desincentivo institucional.
7. Fomento a la investigación y documentación
Se recomienda impulsar estudios académicos, sistematizaciones y análisis críticos sobre las experiencias autogestionarias en Bolivia, con el propósito de generar conocimientos que contribuyan a la mejora continua y al diseño de mejores políticas y prácticas.
Diego Hernan Moscoso Sanginés Uriarte es economista de la U.A.G.R.M
La Paz, Bolivia, agosto del 2025
