En un fallo que sienta un «precedente inédito», el Tribunal 6º de Sentencia Penal de La Paz ha condenado a ocho años de cárcel al exministro de Economía, José Luis Parada, por la gestión irregular de un crédito de 327 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Jeanine Áñez.
La sentencia establece que Parada incurrió en delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y contratos lesivos al Estado al gestionar el préstamo en 2020 sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este veredicto culmina un proceso impulsado por el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Procuraduría, que argumentaron que el crédito no solo fue ilegal, sino que generó costos millonarios y vulneró la soberanía económica del país. Parada deberá cumplir su condena en el penal de San Pedro.
José Luis Parada y su Crédito «Irregular y Oneroso» que Costó Millones al Estado
La acusación central se remonta a abril de 2020, cuando en plena pandemia de COVID-19, el gobierno de Áñez solicitó al FMI el *nstrumento de Financiamiento Rápido (IFR). Según la Fiscalía, Parada y el entonces presidente del BCB, Guillermo Aponte, firmaron la carta de intención y los convenios sin el aval legislativo que exige la Constitución.
Tras la llegada al poder de Luis Arce, el nuevo directorio del BCB calificó la operación como un acto lesivo. En febrero de 2021, el Banco Central anunció la devolución total del préstamo, argumentando que: Fue gestionado irregularmente por un «gobierno de facto».
Generó costos adicionales de más de 24 millones de dólares al Estado, entre comisiones, intereses y variación cambiaria. Conllevaba condiciones inaceptables que imponían políticas fiscales, financieras y monetarias, vulnerando la soberanía nacional. Para hacer efectiva la devolución, Bolivia tuvo que desembolsar 351,5 millones de dólares, un monto superior al recibido debido a los costos financieros generados.
La Defensa: «Mensajes de Persecución para Tapar la Falta de Política Económica»
La visión del gobierno del MAS contrasta fuertemente con la de los exfuncionarios involucrados. José Gabriel Espinoza, exdirector del BCB durante la gestión de Áñez y uno de los absueltos en este juicio, ha defendido consistentemente la operación, calificando su anulación como una «medida política».
En su momento, Espinoza aseguró que el crédito del FMI no planteó jamás ninguna condicionante a la política fiscal o monetaria del país. Argumentó que el objetivo era puramente humanitario: ayudar a Bolivia a «satisfacer las necesidades de balanza de pagos derivadas del estallido de la pandemia».
«La gestión económica que adopta el Gobierno es el mandar mensajes de persecución, con el objetivo de tapar su falta de una política económica real frente a la crisis», afirmó Espinoza en una entrevista con la BBC en 2021, lamentando la falta de un plan serio para enfrentar la crisis.
Otros Implicados y el Futuro del Caso
El fallo del Tribunal Sexto de Sentencia también alcanzó a otros exfuncionarios. Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente del BCB, fue condenado en rebeldía a cinco años de cárcel.
En contraste, cinco exdirectores del BCB, incluyendo a José Gabriel Espinoza, fueron absueltos de toda responsabilidad penal. La Procuraduría, a través de su titular Ricardo Condori, celebró la sentencia como una reafirmación del «compromiso incansable en la protección de la soberanía y el patrimonio del Estado boliviano».
Con esta decisión, la justicia boliviana sienta un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en la contratación de deuda externa, un tema que sigue siendo central en el debate político y económico del país.
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