Detrás de la promesa de un «cambio radical» para «salvar la economía», el plan de gobierno de Jorge «Tuto» Quiroga esconde una hoja de ruta que va mucho más allá de simples ajustes económicos: un proyecto de reforma estructural profunda que requiere cambiar la Constitución Política del Estado (CPE) para desmantelar al Estado y reinstaurar un sistema de libre mercado que, según un análisis detallado, beneficia de forma directa al gran empresariado y a los sectores más poderosos.
Desde la privatización de la seguridad social y las empresas públicas hasta el retorno a las concesiones mineras, varias de las propuestas estrella del candidato de la Alianza Libre son, bajo el marco legal vigente, abiertamente inconstitucionales. Su implementación no sería una cuestión de voluntad política, sino de reescribir las reglas fundamentales del país.
Un Choque Frontal con la Constitución: Las Propuestas de Tuto Quiroga son inviables sin cambiar la CPE
Un análisis jurídico del programa de Quiroga revela que varias de sus medidas centrales no pueden ejecutarse sin antes modificar la Carta Magna. Estas no son simples leyes; son cambios que alteran la naturaleza misma del Estado boliviano.
El Retorno de las AFPs y la Privatización de las Pensiones:
La propuesta de que «las personas elegirán libremente si prefieren estar en la Gestora o cambiarse a una AFP Privada» es, quizás, la más flagrantemente inconstitucional. El Artículo 45 de la CPE es taxativo: «Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados». Reinstaurar un sistema de capitalización individual con administradoras privadas violaría directamente esta prohibición, afectando a millones de jubilados al eliminar el principio de solidaridad. Las AFP ya estuvieron en manos privadas y no funcionaron.
Concesiones Mineras: Volver al Pasado:
El plan propone retornar a un «sistema de Concesiones» para dar «seguridad jurídica» a la inversión minera. Sin embargo, el Artículo 369 de la CPE prohíbe expresamente las concesiones en toda la cadena productiva y establece que el Estado mantiene el dominio directo sobre los recursos naturales. Para entregar la minería a concesiones privadas, sería indispensable una reforma constitucional.
Banco Central «Independiente» y sin Préstamos al Gobierno:
La idea de un Banco Central totalmente independiente que no pueda financiar al sector público choca con el Artículo 327 de la CPE, que establece su autonomía en el marco de la política económica del Estado, implicando coordinación, no una ruptura.
Es imperativo aclarar que si existe tantas reformas hacia la ley, se debe llamar a una Asamblea Constituyente, por lo que volveremos a un Estado República donde todos son llamados y pocos elegidos.
Tuto Quiroga hace un Plan para los Ricos al cambiar la CPE: ¿Quiénes se Benefician Realmente al cambiar la Constitución?
Más allá de lo jurídico, un análisis económico y social del programa revela un claro sesgo sectorial. Las medidas están diseñadas para generar «confianza y credibilidad» en el gran empresariado, el sector financiero, la agroindustria y los inversores extranjeros.
Mientras se prometen beneficios directos a estos grupos, los costos del ajuste recaerían sobre los sectores más vulnerables:
Austeridad y Despidos: La «reducción de instituciones públicas» y el cierre o privatización de empresas estatales deficitarias inevitablemente provocarían despidos masivos en el sector público.
Fin de Subsidios: «Focalizar el subsidio a combustible» implicaría un aumento generalizado del precio de la gasolina y el diésel, lo que se traduciría en un encarecimiento del transporte y de la canasta básica, golpeando desproporcionadamente a las familias de bajos ingresos.
Impuesto Plano (Flat Tax): La propuesta de un sistema tributario de «10% IVA, 10% Utilidades y 10% renta» podría ser declarada inconstitucional por violar el principio de progresividad, donde quien más gana, más paga. Este modelo beneficia a las rentas más altas. Inclusive con estas leyes Bolivia es uno de los países donde los ricos pagan menos impuestos, la explicación técnica la puedes leer ACA.
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La «Propiedad Popular»: ¿Una Reedición de la Capitalización?
Una de las propuestas sociales más llamativas es la «Propiedad Popular», que consiste en entregar acciones de empresas estatales a los ciudadanos. Sin embargo, esta medida es una reedición de la Capitalización de los años 90. Al transferir la mayoría accionaria a individuos, el Estado perdería el control de sectores estratégicos, contraviniendo el rol director que le asigna la Constitución.
El riesgo, admitido veladamente en el propio plan, es que las personas de bajos recursos se vean forzadas a vender sus acciones a bajo precio para cubrir necesidades urgentes, lo que llevaría a una rápida concentración de la propiedad en pocas manos, beneficiando nuevamente a los capitales más grandes. En conclusión, el «cambio radical» de Tuto Quiroga no es solo un cambio de gobierno, sino un proyecto para eliminar al Estado. Su ejecución depende de una reforma constitucional que abra las puertas a la privatización y a un modelo económico que, según el análisis de su propio programa, prioriza los intereses de una élite económica por sobre el bienestar de las mayorías.
