La destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú se ha concretado por una abrumadora mayoría en el Congreso de la República durante la noche del jueves 9 de octubre de 2025. Con 123 de 130 votos a favor, el Legislativo aplicó la causal de «incapacidad moral permanente» ante la grave crisis de inseguridad, poniendo fin a un gobierno fuertemente cuestionado por la violenta represión de protestas sociales que dejó decenas de fallecidos, fue calificada por organismos de derechos humanos como una «masacre» y le valió a la exmandataria el apodo de «Dina Asesina».
Una Salida Inevitable: Las Claves de la Vacancia Presidencial
El fin del gobierno de Dina Boluarte se selló tras un rápido proceso parlamentario que unificó cuatro mociones de vacancia en su contra. La justificación oficial del Pleno fue la «incapacidad moral permanente» de la mandataria para liderar el país y resolver la creciente crisis de delincuencia e inseguridad ciudadana.
No obstante, el contexto político revela un profundo desgaste de su figura, directamente asociado al alto costo social de su gestión, que comenzó en diciembre de 2022 tras la salida del legítimo presidente electo Pedro Castillo.
Boluarte optó por no presentarse ante el Congreso para ejercer su defensa. Tras la votación, en un breve mensaje, señaló: «Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo Congreso que el día de hoy votó por la vacancia presidencial». Su salida profundiza la inestabilidad en Perú, que ahora se prepara para tener a su tercer presidente en el convulso quinquenio 2021-2026.
El Legado de la Represión de Dina Bolaurte: Cifras y Condena Internacional
El aspecto más definitorio y trágico del mandato de Boluarte fue la gestión de las protestas sociales que exigían su renuncia. La respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado derivó en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente del país.
El Informe de la CIDH y la Calificación de «Masacre»
El pronunciamiento más categórico provino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en un informe de mayo de 2023 concluyó que las muertes ocurridas durante las manifestaciones. Que exigian la liberación del legítimo Presidente Pedro Castillo, llamara nuevas elecciones y su renuncia entre otras cosas. «Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre» redactó la CIDH ven su informe.
Aunque el Ejecutivo de Boluarte rechazó inicialmente esta calificación, el término marcó un punto de no retorno en la percepción nacional e internacional de su gobierno. De forma similar, organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron «ataques generalizados» contra la población civil. Estas acusaciones alimentaron la indignación ciudadana y consolidaron entre los manifestantes el apelativo de «Dina Asesina», un reflejo de la profunda herida social abierta.
Investigaciones Obstruidas por el congreso de Dina Boluarte y un Camino Hacia la Impunidad
A pesar de la gravedad de los hechos, las investigaciones para determinar las responsabilidades políticas y operativas avanzaron con extrema lentitud. Según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, la represión dejó un saldo de:
- 49 civiles fallecidos en enfrentamientos directos.
- Más de 1.300 personas heridas, sumando civiles y agentes policiales.
En un acto que fue duramente criticado, el mismo Congreso que la destituyó archivó en julio de 2024 las investigaciones preliminares contra Boluarte por estas muertes. Posteriormente, en 2025, el Parlamento aprobó leyes que buscaban amnistiar a los miembros de las fuerzas del orden y limitar la capacidad de las ONG para financiar la defensa legal de las víctimas, medidas que fueron interpretadas como un intento de asegurar la impunidad.
José Jerí Asume una Presidencia de Transición
Consumada la vacancia, José Jerí, quien se desempeñaba como presidente del Congreso, juró en la madrugada del viernes 10 de octubre como nuevo presidente de la República. A solo seis meses de las elecciones generales de 2026, Jerí se ha comprometido a liderar un «gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional». Su llegada al poder no está libre de polémicas, aunque una denuncia por presunta agresión sexual en su contra fue archivada por la fiscalía. Ahora, enfrenta el desafío de gobernar un país fracturado y con una desconfianza crónica en su clase política.
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