En medio de una creciente crisis por la falta de diésel que ha desatado largas filas, bloqueos y amenaza con paralizar al sector productivo, el Gobierno, a través del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ha asegurado que el presupuesto para la compra de combustibles está «garantizado».
Sin embargo, esta afirmación choca frontalmente con la realidad en las calles, donde el transporte pesado duerme en los surtidores, el transporte público está semiparalizado y sectores clave como el agropecuario denuncian estar en «terapia intensiva». La situación se agrava con denuncias cruzadas entre YPFB y el Ministerio de Economía, y la advertencia de que la crisis ya está impactando en el precio de la canasta familiar.
El Discurso Oficial vs. la Realidad en las Calles
Desde el Ejecutivo, el mensaje es de calma. El ministro Montenegro fue enfático al afirmar que los recursos para la importación de carburantes están disponibles. «Todo el presupuesto está garantizado para la compra de combustible.
El presupuesto está otorgado», declaró. Esta versión, sin embargo, se contradice con las declaraciones del propio presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien antes de que se conociera su orden de aprehensión, denunció que Economía no asignaba a tiempo los recursos.
La realidad en las calles respalda esta última versión:
Bloqueos en Cochabamba: El Transporte Libre ha bloqueado la ciudad y las carreteras al oriente, hartos de dormir «hasta cuatro días» en las filas para conseguir combustible.
Transporte Público Colapsado en Santa Cruz: El 50% de los micros está paralizado, generando aglomeraciones y caos. Los ciudadanos recurren a bicicletas o largas caminatas para llegar a sus destinos.
Productores en «Terapia Intensiva»: La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advirtió que la crisis pone en riesgo la siembra, la cosecha y la soberanía alimentaria. «Sin combustible no hay siembra, no hay cosecha, no hay transporte, no hay país», sentenció su presidente, Klaus Frerking.
Combustible en Camino»: La Promesa que no Calma la Incertidumbre
Mientras la crisis se agudiza, diversas autoridades del Gobierno intentan calmar la situación con promesas. El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, aseguró que hay 50 millones de litros de diésel para el sector productivo.
Por su parte, el viceministro Jorge Silva reconoció que la falta de carburantes ya repercute en el precio de los alimentos, pero afirmó que las autoridades del área le informaron que el combustible «está en tránsito, que está en camino«. No obstante, estas promesas no logran calmar la incertidumbre. El presidente cívico cruceño, Stello Cochamanidis, y la Cámara de Industrias han exigido transparencia y soluciones urgentes, recordando al presidente Luis Arce que «es presidente hasta el 8 de noviembre» y tiene la responsabilidad de resolver la crisis.
La Culpa Ajena: Arce Apunta a la Asamblea
En medio de la asfixia, el presidente Luis Arce ha salido a dar explicaciones, pero sin asumir autocrítica. En un discurso reciente, repitió la tesis de la culpa ajena, apuntando a la Asamblea Legislativa como la responsable del desabastecimiento.
“No hay combustibles, sí, porque no hay dólares. ¿Por qué no hay dólares? Porque no hay créditos. ¿Y quién aprueba los créditos? La Asamblea Legislativa Plurinacional”, afirmó el mandatario. Esta justificación contrasta con la visión de expertos y sectores productivos, que señalan un problema estructural heredado de la falta de exploración y la declinación de los campos gasíferos durante casi dos décadas de gestión del MAS. El exministro Álvaro Ríos fue contundente: «Todo esto que vemos ahora lo veíamos venir desde hace mucho tiempo atrás.
El gobierno del MAS hizo otras cosas en lugar de hacer su trabajo, y nos dejó en esta situación». A menos de un mes del cambio de mando, Bolivia se encuentra sumida en la peor crisis energética en décadas, una herencia de un modelo agotado que, entre discursos y excusas, parece haberse quedado sin gasolina, literal y políticamente, para seguir avanzando.
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