La activista, María Galindo, explotó por el caso de Reyna Rebeca H.H., la madre boliviana encontrada junto a sus hijos tras ser reportada como desaparecida, ha generado indignación pública y fuertes críticas hacia las autoridades, especialmente hacia el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana. La activista feminista se ha pronunciado enérgicamente contra el manejo del caso, calificando la actuación del ministro Eduardo Del Castillo como un ejemplo de misoginia social y abuso institucional.
María Galindo denuncia linchamiento mediático y abuso de poder
En declaraciones recientes, María Galindo, reconocida activista y feminista, cuestionó duramente el accionar del Ministerio de Gobierno y el tratamiento público que recibió Reyna Rebeca. Según Galindo, el ministro Del Castillo desató un “caso de misoginia social” al presentar a la madre maniatada ante los medios, tratándola como una criminal peligrosa.
“La prensa y el Gobierno lincharon mediáticamente a una mujer pobre que cuida sola de sus hijos. Esa mujer no ha cometido ningún delito, y ahora la exponen como un trofeo político, cuando lo que necesita es apoyo y no persecución”, expresó Galindo.
Críticas al Ministerio de Gobierno y el error en las investigaciones
El caso comenzó con la desaparición reportada de Reyna Rebeca y sus dos hijos el 14 de enero, lo que llevó a la detención preventiva de su pareja, Juan L.M., acusado de trata de personas y feminicidio. Sin embargo, días después, Reyna y sus hijos fueron hallados en un alojamiento, lo que reveló serias fallas en las investigaciones realizadas por la Policía y la Fiscalía.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, también criticó el manejo del caso, señalando que hubo una falta de objetividad en las investigaciones y un “uso nocivo” de la detención preventiva. Además, denunció que Juan L.M. fue víctima de torturas mientras estuvo detenido.
Exhibición pública de Reyna Rebeca: una violación a sus derechos
Otro aspecto que ha generado controversia fue la decisión del Ministerio de Gobierno de exhibir públicamente a Reyna Rebeca ante los medios. El Defensor del Pueblo recordó que, según una resolución emitida en diciembre de 2024, está prohibido exponer a personas aprehendidas sin su consentimiento.
Galindo calificó esta acción como un acto innecesario que revictimiza a la madre y pone en riesgo el bienestar de sus hijos. “En lugar de ayudar, el ministro Del Castillo utiliza a esta mujer para encubrir las fallas de las instituciones encargadas de investigar y proteger los derechos de las personas”, señaló.
María Galindo apunta a misoginia y la pobreza estructural
Galindo también destacó que el caso de Reyna refleja una problemática más profunda: la criminalización de las mujeres pobres que enfrentan dificultades para criar a sus hijos en solitario. “Reyna no necesitaba ser presentada como una delincuente. Necesitaba apoyo social, psicológico y económico. Este caso demuestra cómo el Estado falla en proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad”, declaró.
Las fallas estructurales en la justicia boliviana
El caso Reyna Rebeca no solo evidencia errores en las investigaciones, sino también el uso excesivo de la detención preventiva en Bolivia. Según datos proporcionados por el Defensor del Pueblo, más del 60% de los privados de libertad en el país están detenidos de manera preventiva, muchas veces sin pruebas suficientes o en casos de falsos positivos.
La Defensoría del Pueblo anunció que exigirá sanciones contra los responsables de las torturas sufridas por Juan L.M. y medidas de no repetición para evitar situaciones similares en el futuro.
El caso de Reyna Rebeca vuelve a mostrar evidencia las debilidades de las instituciones bolivianas para garantizar investigaciones justas y el respeto de los derechos humanos. Tanto María Galindo como el Defensor del Pueblo han señalado la urgencia de reformar las prácticas policiales y judiciales, además de erradicar la misoginia estructural que afecta a las mujeres en el país.
Este caso debería ser una lección para las autoridades sobre la necesidad de priorizar la protección de los más vulnerables y garantizar que la justicia no sea utilizada como herramienta de castigo anticipado.
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