La planta procesadora de papa de El Alto, inaugurada en diciembre de 2023, genera más preguntas que respuestas. Con una inversión de 23 millones de dólares, la planta solo ha creado 55 empleos y su viabilidad económica está en entredicho.
María Galindo, en su programa «Radio Documental Qué país queremos», visitó la planta procesadora de papa de El Alto y cuestionó la eficiencia de la inversión estatal. Con 162 millones de bolivianos (23 millones de dólares) provenientes del Tesoro General de la Nación, la planta ha generado únicamente 55 empleos directos.
El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, defendió la palnta y respondió a las cuestionantes.
Observaciones puntuales de María Galindo y defensa del ministro Siles sobre la Planta de Papa de El Alto:
- Costo por empleo: Galindo señala que cada puesto de trabajo ha costado 418,181 dólares, una cifra muy superior al promedio de la industria privada (8,000 dólares).
- Defensa: El viceministro Siles argumenta que es una apreciación «miope», ya que la planta acaba de entrar en funcionamiento y que los costos por empleo se reducirán a medida que aumente la producción, siguiendo un proceso de «escala» común en la industria.
- Devolución de la inversión: Galindo critica que la planta tiene 6 años de gracia para devolver el capital, sin intereses y en bolivianos, lo que implica una pérdida para el Estado.
- Defensa: Siles aclara que no se trata de un crédito, sino de un «aporte de capital» para que la empresa estatal trabaje, y que se devolverá en 6 años y medio según el estudio de preinversión. Destacan que es un aporte, no un crédito con intereses.
- Competencia desleal: Galindo afirma que la planta compite con empresas privadas que ya producen papa prefrita.
- Defensa: Los funcionarios argumentan que el 90% de la papa prefrita en Bolivia es importada o envasada localmente con producto importado. Afirman que la planta busca desarrollar la industria nacional y sustituir importaciones. Además, mencionan que sus precios son más bajos que los de la competencia importada.
Adjudicación
- Falta de transparencia: Se cuestiona la adjudicación a Piloto SRL y la construcción en un terreno que no es propiedad de EMAPA.
- Defensa: Se defiende la adjudicación. Sobre el terreno, el abogado de la planta explica que existe un convenio con el Gobierno Municipal del Alto (alcaldesa Eva Copa) para la transferencia del terreno a EMAPA, y que el proceso está en marcha. Existe compromiso de generar empleos en la zona.
- Problemas de producción: Galindo señala falta de contratos con grandes distribuidores, problemas con la provisión de materia prima, y olores a descomposición.
- Defensa: Los funcionarios aseguran que están en proceso de negociación con empresas como Pollos Copacabana. Afirman que están trabajando con asociaciones de productores locales y que la provisión de papa está garantizada durante la temporada de cosecha. Mencionan que el mal olor es característico de la papa. Están iniciando operaciones, con un 30% de la capacidad, y van a crecer.
- Ausencia de valor agregado: Galindo critica la falta de un banco de semillas y el uso de papa holandesa.
- Defensa: Mencionan que el estado tiene otra empresa para semillas para proteger la variedad de la papa, se usa papa holandesa en vez de variedades nativas.
La visita de María Galindo a la planta procesadora de papa de El Alto cuestionó la planificación y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Acorde a Galindo la planta, lejos de ser un modelo de desarrollo productivo, se perfila como un ejemplo de despilfarro e ineficiencia estatal.
Transparencia sobre la planta procesadora de papa
María Galindo destapa una posible red de corrupción en la construcción de la planta procesadora de papa de El Alto. La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Tarija, Rosmery Ruiz Martínez, es la accionista mayoritaria de la empresa constructora. Funcionarios defienden la transparencia del proceso.
La radialista y activista María Galindo visitó la planta procesadora de papa de El Alto, financiada con 162 millones de bolivianos del Tesoro General de la Nación. Durante la visita, Galindo reveló que la empresa constructora Piloto SRL, adjudicada para la construcción, tiene como accionista mayoritaria a Rosmery Ruiz Martínez, actual magistrada del TSJ de Tarija.
Según documentos presentados por Galindo, Ruiz Martínez posee el 50% de las acciones de la empresa, un hecho que, según la periodista, demostraría la existencia de corrupción. Esta revelación levanta serias dudas sobre la transparencia del proceso de licitación y adjudicación de la obra.
Defensa de los funcionarios
El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, presente en la visita, defendió la transparencia del proceso de licitación. Aseguró que se realizaron convocatorias abiertas y que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) participó en la calificación de las empresas. Siles argumentó que se trata de «procesos públicos transparentes».
Respecto a la participación de la magistrada Ruiz Martínez, Siles señaló que «son dos periodos diferentes», refiriéndose a que la adjudicación a la empresa Piloto SRL y la elección de Ruiz como magistrada ocurrieron en momentos distintos. Añadió que la elección de Ruiz fue por votación popular y que, de ser necesario, se puede realizar una auditoría. Los funcionarios afirmaron que no existe ninguna amistad con la magistrada.
Preguntas clave
- ¿Cómo se explica que una magistrada del TSJ sea la principal accionista de la empresa constructora de una planta estatal, incluso si ocurrió en periodos diferentes?
- ¿Existió realmente un proceso de licitación transparente, o la participación de la UMSA fue solo una formalidad?
- ¿La magistrada Ruiz Martínez utilizó su influencia, directa o indirectamente, para beneficiar a la empresa Piloto SRL?
- ¿Por qué Ruiz Martínez declaró 3 millones de bolivianos como bienes, siendo dueña de la mitad de la empresa? ¿Es esto legal?
Puedes leer: Subvención de combustibles en Bolivia: posturas enfrentadas
