La suerte de Arturo Murillo se define este viernes en una audiencia clave en La Paz que determinará si es enviado a la cárcel de Chonchocoro o si, como argumenta su defensa, podría defenderse en libertad, a pesar de tener una sentencia de ocho años en su contra. El exministro, deportado de EEUU y protagonista de los titulares de todo el país, se encuentra en celdas de la Policía Judicial a la espera de la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia, que fijó la audiencia para las 13:45. El retorno del hombre fuerte del gobierno de Jeanine Áñez ha desatado una tormenta política y mediática, pero su futuro inmediato pende de un complejo tecnicismo legal: la validez y estado de una sentencia dictada en su ausencia.
Una Sentencia en el Limbo: ¿Podría Murillo Quedar en Libertad?
Aunque sobre Arturo Murillo ya pesa una condena de ocho años de presidio en el penal de San Pedro por el caso «Gases Lacrimógenos», dictada en octubre de 2024, esta no sería definitiva. Expertos legales y la propia defensa señalan que se trata de una sentencia en primera instancia, lo que abre un escenario de incertidumbre.
El abogado penalista Andrés Zúñiga advirtió sobre una posibilidad que alarma a las víctimas y al gobierno: “En el caso de (Arturo) Murillo, está aprehendido, mañana es su audiencia de medidas cautelares, le dan seis meses de detención preventiva, pese a la sentencia de condena en primera instancia, cumple los 6 meses y cesa la detención preventiva, y puede quedar en libertad”, explicó el jurista. La clave está en si la sentencia fue apelada en su momento.
Si no hubo apelación en el plazo de 15 días, la condena estaría «ejecutoriada» y su reclusión sería inminente. Pero si el proceso fue apelado y se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia, Murillo aún conserva su presunción de inocencia hasta que haya un fallo final. La audiencia de este viernes, convocada para «resolver la situación jurídica del aprehendido», despejará esta crucial interrogante.
La Defensa Alega «Contenido Político» y Pide un Juicio en Libertad
El equipo legal de Murillo, encabezado por el abogado Jaime Tapia, ya ha adelantado su estrategia: cuestionar la validez de todo el proceso y denunciar una persecución política. «Arturo Murillo tiene el derecho de todo ciudadano de defenderse en libertad», remarcó Tapia, argumentando que las sentencias dictadas en rebeldía (en ausencia del acusado) son inconstitucionales y que su defendido nunca fue debidamente notificado. La defensa critica la presión mediática y gubernamental, que ya da por sentada su reclusión en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.
«Hay un anuncio mediático ya de autoridades del gobierno que han señalado que correspondería que él esté en Chonchocoro (…) Eso ya es un mal olor para un proceso que se espera que sea razonable», denunció el abogado.
El Gobierno Presiona por su Reclusión Inmediata tras Audiencia de Arturo Murillo
Frente a la estrategia de la defensa, el aparato estatal se ha movilizado para asegurar que Murillo no evada la justicia.
Desde su llegada al aeropuerto de Viru Viru, donde fue recibido por el Ministro de Gobierno y se lo vio sonriente y enmanillado, el mensaje oficial ha sido claro: debe cumplir sus condenas.
La Procuraduría General del Estado ya anunció que solicitará su detención preventiva en el penal de Chonchocoro, argumentando el alto riesgo de fuga y la gravedad de los delitos por los que se lo acusa, que incluyen no solo corrupción en el caso gases, sino también su presunto rol en las masacres de Sacaba y Senkata.
Mientras las víctimas de la crisis de 2019 exigen justicia y el gobierno busca sentar un precedente, la audiencia de este viernes se convierte en el primer y decisivo round de una batalla legal que definirá si uno de los políticos más polémicos de la historia reciente de Bolivia pasa los próximos años tras las rejas o logra una sorpresiva victoria judicial.
