El expresidente Evo Morales enfrentó este martes un nuevo capítulo en el caso de trata de personas en su contra. El Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer N° 5 suspendió la audiencia de medidas cautelares y la reprogramó para el viernes 17 de enero a las 09:30. La postergación se debió a la presentación de un certificado médico que alega que Morales padece bronconeumonía y requiere reposo absoluto durante cinco días.
Valoración médica obligatoria para Evo Morales
A pesar de aceptar el justificativo médico, el juez Nelson Alberto Rocabado ordenó que Morales sea sometido en un plazo de 24 horas a una evaluación especializada por un neumólogo y un cardiólogo para validar el diagnóstico. Además, deberá realizar análisis clínicos adicionales, cuyos resultados deberán ser presentados en un plazo máximo de 48 horas.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, expresó su preocupación ante posibles tácticas dilatorias:
«Esperamos que no sigamos con estas chicanas y que el viernes el imputado Evo Morales se presente a la audiencia de medidas cautelares».
Posibles consecuencias legales
De no presentarse el viernes, Morales podría ser declarado en rebeldía bajo el artículo 87 del Código de Procedimiento Penal. Esto implicaría:
- Emisión de una orden de aprehensión.
- Arraigo a nivel nacional.
- Anotación preventiva de todos sus bienes.
Idelsa Pozo, madre de la supuesta víctima, también fue declarada en rebeldía durante la audiencia, y se ordenó su aprehensión y el arraigo de sus bienes.
Contexto del caso de trata de personas
Evo Morales es investigado por presuntamente haber embarazado a una adolescente de 15 años cuando era presidente en 2016. Este caso ha generado una intensa polarización política en Bolivia, con el Gobierno y sectores afines al expresidente enfrentados en sus versiones sobre los hechos.
La defensa de Morales, encabezada por el abogado Jorge Pérez, denunció irregularidades en el proceso:
«Estamos en absoluta indefensión. No nos han permitido revisar el cuadernillo de investigaciones ni las actuaciones del Ministerio Público».
Declaraciones de la defensa y acusaciones de politización
Pérez también calificó el proceso como una persecución política:
«Este proceso es político. Cumplimos con la ley, pero estamos ante una franca violación al debido proceso y al derecho a la defensa».
El caso sigue avanzando, mientras el Ministerio Público insiste en solicitar la detención preventiva de Morales por seis meses en caso de confirmarse los cargos.
La audiencia del viernes 17 será clave para determinar el curso de este proceso y las posibles consecuencias legales para el exmandatario.
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