El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exigió este miércoles una investigación imparcial y la aplicación de la ley «por igual a todos» en el caso consorcio que involucra al exministro de Justicia, César Siles, y a autoridades judiciales, mientras la trama se expande con la aprehensión del abogado José Ramiro Uriarte Ortiz, el cuarto implicado. Paralelamente, el Gobierno presentó un proyecto de ley para implementar agentes encubiertos y seguimiento de remesas, buscando cumplir con exigencias del GAFI y fortalecer la lucha contra el crimen financiero.
Defensor del Pueblo Demanda Investigación Exhaustiva en el Caso Consorcio
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se pronunció enfáticamente sobre el escándalo de presunta manipulación judicial conocido como «caso consorcio», que ha puesto en la mira al exministro César Siles y a diversas autoridades judiciales. «El pueblo quiere justicia, el pueblo quiere que se responsabilice a estas personas y que se aplique la ley, independientemente de que sean políticos o no políticos, poderosos o no poderosos, por igual a todos», declaró Callisaya.
La autoridad defensorial subrayó la importancia de concluir la investigación para determinar responsabilidades en la trama que, según indicios como un audio y testimonios, buscaba destituir irregularmente a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). «Nosotros creemos que la justicia debe aplicarse a todos por igual (…) Debe investigarse a todos por igual», recalcó, recordando la necesidad de contar con jueces imparciales e independientes, sin interferencia política, como lo exigen organismos interamericanos.
Nueva Aprehensión Expande la Red del Caso Consorcio
La investigación del caso consorcio sumó un nuevo capítulo este miércoles con la aprehensión del abogado José Ramiro Uriarte Ortiz, quien se presentó voluntariamente a declarar ante la Fiscalía. Uriarte es el cuarto implicado en esta red que presuntamente operó para apartar a la magistrada titular del TSJ, Fanny Coaquira, y facilitar que su suplente, Iván Campero Villalba (aprehendido el martes), asumiera el cargo.
Según el requerimiento fiscal, Campero sería el principal beneficiado de una acción de cumplimiento con «argumentos falsos e incongruentes». Antes de Uriarte y Campero, ya habían sido aprehendidos Marcelo Lea Plaza, juez de Coroico, y Claudia Castro, vocal de la Sala Cuarta del TDJ de La Paz, quien renunció horas antes del allanamiento de su oficina. El caso se destapó tras la filtración de un audio que implicaría al juez Lea Plaza y al exministro Siles en coordinaciones para la destitución, mencionando también a Yván Córdova (entonces presidente del TDJ de La Paz) y a la vocal Castro.
Gobierno Impulsa Ley Anti-Lavado para Cumplir con GAFI
En un esfuerzo por fortalecer los mecanismos contra el crimen organizado y salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. La ministra de Justicia, Jessica Saravia, y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicaron que la propuesta introduce dos técnicas de investigación clave: agentes encubiertos y un mayor seguimiento a las remesas para combatir el financiamiento al terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas.
«La primera de ellas, es el agente encubierto, que está referida a la intervención de agentes de Policía, especializados, provistos de una identidad falsa (…) y las entregas vigiladas, que tiene por finalidad hacer el seguimiento de una remesa ilícita», detalló Saravia. Estas técnicas, según la ministra, son cruciales dado que estos delitos se relacionan con trata y tráfico, empresas fachada y estructuras clandestinas. Montenegro advirtió que no aprobar la ley podría llevar a Bolivia a listas negras del GAFI, enfatizando que son «exigencias explícitas» del organismo internacional con un plazo de dos años para su cumplimiento. Se espera que estas medidas permitan «desmantelar las organizaciones que están dedicadas a este tipo de actividades ilícitas».
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