habría que preguntar al Gobierno quiénes son estas personas y por qué gozan de protección. ¿Por qué no hay reportes cuando a vox populi se sabe que los incendios vienen de las tierras de estas corporaciones? ¿Por qué no hay sanciones, por qué no los llevan al frente y por qué el plan es aumentar la extensión de sus tierras? ¿O hay gente del Gobierno involucrada en estos agronegocios y se los protege? Hasta por vergüenza y algo de honor, se debe responder.
La narrativa debe cambiar para condenar al empresario egoísta y criminal y ver qué tan asociado está con el gobierno. Aunque cuando el exministro de Justicia, Ivan Lima, cuando salió del gobierno, pidió aclarar la relación entre La Razón, Gravetal y el empresario venezolano Carlos Gill; aparentemente, el gobierno tiene más que ver por el lado privado que por el Estado, lo cual sería gravísimo.
Los empresarios del Agro no benefician a Bolivia en absolutamente nada; sus dólares están afuera, sus ganancias afuera, sus vidas afuera, pero su destrucción en nuestro país.
