A dos meses de emitirse la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, el Ministerio de Gobierno enfrenta una ola de críticas por no haberla ejecutado. La orden, emitida el 16 de octubre, ha suscitado cuestionamientos tanto de líderes políticos como de sectores de la sociedad civil.
El vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, señaló que las autoridades deberían conocer el paradero exacto de Morales, pero acusó al gobierno de Luis Arce de no cumplir con la ley. “Sabemos que Arce le tiene terror a Evo Morales, pero debe cumplir con la aprehensión y el debido proceso. Este individuo que tanto daño le hizo al país merece ser juzgado”, expresó.
Cochamanidis y otros líderes opositores han sugerido que la falta de acción refleja una supuesta protección al exmandatario, a pesar de las pruebas en su contra relacionadas con delitos de trata y tráfico de personas.
Dificultades y polémica en la ejecución de la aprehensión de Evo Morales
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, justificó la demora en la captura aludiendo a riesgos para los agentes encargados. Según Gutiérrez, las autoridades no pudieron acceder a la residencia de Morales en el trópico de Cochabamba, lo que llevó a emitir un edicto.
Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, aseguró que el operativo para la aprehensión de Evo Morales está en preparación y será ejecutado en el momento adecuado. Torrico enfatizó que la acción se llevará a cabo sin poner en peligro la vida de civiles. “Se cumplirá la orden, pero nadie quiere arriesgar vidas inocentes. Hay que actuar con prudencia”, afirmó.
En respuesta a las críticas, Torrico desestimó la presión mediática y desafió a figuras opositoras, como el diputado Beto Astorga, a participar en la captura en el Chapare.
Refuerzos de seguridad para Evo Morales
Desde el trópico de Cochabamba, sectores afines a Morales han intensificado su seguridad. Según el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y líder cocalero Leonardo Loza, las federaciones del trópico han cuadruplicado las medidas de protección para el expresidente, ante lo que califican como amenazas de secuestro o asesinato.
Loza acusó al gobierno de Luis Arce y al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de planear acciones contra Morales, lo que ha llevado a los sindicatos cocaleros a desplegar más de 1.500 personas en la zona para resguardar su seguridad.
Acusaciones
La orden de aprehensión emitida contra Evo Morales está vinculada a una investigación que lo acusa de haber embarazado a una menor de 15 años en 2016, cuando era presidente. Según la fiscal Sandra Gutiérrez, la falta de cumplimiento de la orden responde a “un sinnúmero de situaciones”, entre ellas el riesgo para los policías encargados del operativo.
