IV
La presente es la cuarta y última columna dedicada al debate entre los economistas Chávez y Ríos. En las dos primeras columnas se describieron las propuestas de cada uno por separado y en la tercera se contrastaron sus ideas por temática, ahora corresponde exponer, a modo de conclusión, algunas opiniones que pretenden contribuir al diálogo y debate público sobre la economía boliviana y pensar de forma colectiva algunas alternativas para superar las dificultades económicas que actualmente enfrentamos el conjunto de los y las bolivianas, en particular quienes viven en mayor vulnerabilidad económica, social, política, cultural y ambiental.
Conclusiones:
En primer lugar, las propuestas económicas deben orientarse a mejorar la calidad de vida de las personas, no a empeorarlas. Ese es el reto ¿cómo diseñar e implementar políticas, planes, programas, proyectos y actividades que busquen solucionar la crisis económica y al mismo tiempo mejoren la calidad de vida de las personas?
Lo sencillo es optar por medidas paliativas deficitarias y superficiales, adquiriendo deudas, o contraer la economía devaluando la moneda, reduciendo gastos e inversión pública y transferir el peso de la crisis económica a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es decir, evitar transformaciones en la Administración Pública para reformular las formas de obtención y distribución de los recursos sin afectar a la población buscando elevar el nivel de vida, aplicando medidas ficticias tipo placebos o implementando políticas de shock para desmantelar el Estado induciendo una crisis económica más severa. En ambas se endosa la crisis económica a las clases populares.
En ese sentido, las propuestas en política fiscal deben concebirse para el corto y mediano plazo: en lo inmediato, reducción de salarios de los funcionarios públicos que ganen más de 10 mil bs al mes en todos los niveles públicos (nacional, departamental y municipal), incluyendo empresas públicas, entidades descentralizadas, desconcentradas y autárquicas, universidades públicas, fuerzas armadas, policía y otras. Así mismo, congelar futuros incrementos salariales de funcionarios públicos con ingresos superiores a 5 mil bolivianos, al menos por 3 años. Disminuir gastos superfluos, como publicidad y propaganda, eventos públicos masivos, detener las impresiones de lujo de documentos o informes públicos, entre otros gastos innecesarios. Si bien es cierto que la cantidad de dinero que se obtendría con esos recortes no es significante, al menos daría señales de compromiso de las élites políticas, y sobre todo, esos recursos podrían destinarse a cubrir necesidades importantes para la población, como por ejemplo el suministro de materiales e insumos para la salud pública.
La tarea indispensable es modificar las actuales características del diseño fiscal mediante un nuevo acuerdo o pacto fiscal, para establecer nuevas formas de captación y distribución de recursos en las que los municipios y localidades más vulnerables se beneficien con la ampliación de sus presupuestos públicos, además, se configuren alternativas para diversificar las fuentes de financiamiento municipal, departamental y universitaria, tanto modificando la distribución de la coparticipación tributaria, creando nuevos impuestos, tasas, regalías y cambiando los niveles impositivos, por ejemplo incrementando las regalías mineras y/o los impuestos del Régimen Agropecuario Unificado, entre otros impuestos especiales.
Así mismo, implementar nuevas alternativas para ampliar la base de contribuyentes, también, reducir la carga tributaria a los y las trabajadoras que por sus actividades deben emitir facturas. Y, complementariamente, los municipios, gobernaciones y universidades podrían emprender actividades económicas, a fin de incrementar y diversificar sus ingresos.
Por último, se requiere establecer impuestos a las exportaciones de oro, por ser un mineral estratégico en términos monetarios e industriales y por los pasivos ambientales que genera su producción. Cabe recordar que las exportaciones de oro las realizan empresas comercializadoras constituidas específicamente para esa actividad, que en su mayoría son transnacionales.
En política monetaria, lo urgente es obtener divisas suficientes para realizar las transacciones internacionales para las importaciones de combustibles, bienes de capital, materias primas, insumos y todas las mercancías necesarias y demandadas en el país, tanto del sector público como privado. Para ello, todos los actores económicos que exportan deben contribuir de buena voluntad entregando o depositando sus divisas al Banco Central de Bolivia, en base a recompensas por cumplimiento y sanciones por desacatar la instructiva nacional, al menos por dos años. Así mismo, posponer momentáneamente la salida de divisas por conceptos de utilidades, dividendos y otros, que realizan las empresas transnacionales. Desde luego, también repatriar los capitales que están en paraísos fiscales o cuentas off shore.
Así mismo, a fin de fortalecer las Reservas Internacionales del BCB, se podrían limitar por un tiempo determinado las exportaciones de oro para que sean transferidas a titularidad del BCB hasta alcanzar una cantidad suficiente que estabilice las reservas del BCB, es oportuno recordar que el presidente Germán Busch realizó una medida similar. Por sus características propias, se debe considerar al oro como recurso estratégico y de seguridad nacional En ese sentido, es propicio que el Estado cree una empresa de refinanciación y comercialización de oro, en asociación con las cooperativas mineras.
También, a fin de disminuir la dependencia del dólar estadounidense para las transacciones internacionales, urge establecer acuerdos que faciliten las transacciones y pagos con monedas nacionales y diseñar otras alternativas de sistemas de pagos con los países que comercializamos, similar a lo que está implementando el grupo BRICS+. Finalmente, es indispensable, mediante una alianza entre los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), crear una institución internacional certificadora de lingotes de oro y plata, aquello se justifica porque no existen certificadoras en Latinoamérica, con excepción en México. El objetivo sería apuntalar la soberanía monetaria de los países latinoamericanos. Actualmente el BCB envía su oro para refinanciación y certificación a Inglaterra, lo que implica gastos y dependencia. Alcanzar la soberanía monetaria y financiera latinoamericana es una necesidad geopolítica.
Como se mencionó anteriormente, el patrón de desarrollo debe estar acorde a las características de la economía plural, en consecuencia, las posiciones bidimensionales resultan ser anacrónicas, ya sean las que propugnan por una economía totalmente estatista o las que prefieren una totalmente privada capitalista, o las que se inclinan por una combinación entre ambas, porque la realidad económica boliviana es multidimensional y compleja. Las peculiaridades de la formación económica social de Bolivia exigen nuevos paradigmas con capacidad de expresar las dinámicas económicas de los distintos componentes de la economía plural, a su vez, contemplar los sectores, subsectores, ramas y actividades económicas a las que pertenecen y sus interacciones correspondientes.
Los componentes de la economía plural evidencian que la formación económica de la sociedad boliviana está constituida por relaciones de producción capitalistas y no capitalistas, aquella distinción categórica. es indispensable para realizar cualquier propuesta económica. En ese sentido, su elaboración debe concebirse desde matrices que combinen las formas de organización económica con los sectores y actividades económicas, por ejemplo: en la economía Comunitaria identificar las empresas que realizan actividades en cada sector económico, sus posibilidades de integración, asociación, participación, desarrollo, etc., a fin de idear encadenamientos productivos entre empresas comunitarias. De manera similar para las empresas Social Cooperativas. Además, establecer alternativas de integración entre ambas formas económicas, que podrían incluir la economía estatal, campesina, artesanal o familiar.
Respecto a las empresas privadas capitalistas, sus portavoces demandan disminución de la intervención estatal en la economía, reducción de la carga impositiva, flexibilización laboral, liberación de los mercados, seguridad jurídica, eliminación de subvenciones, devaluación de la moneda y tipo de cambio flexible, entre otras. La elaboración de su matriz de planificación debe incluir, los sectores y actividades económicas, sus mercados de venta, origen geográfico de capital de inversiones y destino de utilidades, tamaño de la empresa, ubicación geográfica de sus actividades, etc., considerando sus demandas sectoriales. Para ello, se deben desarrollar diversos dispositivos que generen incentivos a las empresas privadas capitalistas, sin afectar los intereses de la clase trabajadora, el medio ambiente, al Estado y la sociedad en su conjunto. Así también, actualizar el marco normativo que regula las actividades económicas, impositivas, etc.
Por otro lado, el Estado debe participar en los sectores e industrias estratégicas como la minería, energía, hidrocarburos, banca, industria manufacturera, alimentos, comunicación, transporte, infraestructura, comercio, servicios básicos y otros de interés y seguridad nacional. Desde luego que el Estado debe abordar su participación en distintas modalidades, sea de forma activa y pasiva, directa o indirecta, según las prioridades, posibilidades y necesidades socio económicas. Entonces, además de las empresas estatales, conformará empresas mixtas en asociación con empresas privadas capitalistas, comunitarias y/o social cooperativas, también, adquirir acciones en empresas de todas las formas de organización económica, ofrecer fuentes de financiamiento, entre otras medidas que, de hecho, en su mayoría, se aplican actualmente.
En lo concerniente a la matriz energética, mientras más diversas sean las fuentes energéticas, más posibilidades de desarrollar soberanía energética, es evidente que la tendencia en las siguientes décadas es la masificación del uso de la energía eléctrica, impulsada particularmente por la irrupción de los vehículos propulsados por electricidad, aquella transformación exige diversificar las formas de obtener energía disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles y no renovables. La energía es condición básica e indispensable para el desarrollo de las sociedades.
Por último, los debates sobre las formas de Estado, no son un tema central ni factor condicional para diseñar propuestas de políticas económicas en el corto y mediano plazo, porque no existe evidencia que demuestre que la solución a los problemas económicos de Bolivia provengan automáticamente por la implementación de un Estado Federal, o, en otras palabras, pensar que las dificultades de la economía nacional son causadas por la ausencia del federalismo es evadir el entendimiento de las causas estructurales, las características propias y las potencialidades de la economía boliviana.
Entonces, como conclusión, las propuestas realizadas por los economistas Chávez y Ríos surgen de sus deseos e ilusiones que se sitúan separadas de la realidad material y concreta ignorando las condiciones y características de la economía boliviana y su marco constitucional. Pues, la única manera de implementar sus propuestas requiere, previamente, la modificación de la Constitución Política del Estado, es decir, sus propuestas se basan en un marco anticonstitucional. Es por eso que se puede evidenciar que la única propuesta realista que hicieron, sin decirlo directamente y capáz sin darse cuenta, es la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente como prerrequisito para implementar sus propuestas.
Aquella forma de razonar es propia de idealistas, que piensan que la realidad debe someterse a sus ideas y fantasías. Cuando, por el contrario, el pensamiento científico se basa en la comprensión de los fenómenos y manifestaciones de la naturaleza y la sociedad, es a partir de la realidad que se construyen las teorías y leyes científicas, es decir, las ideas deben obedecer a la realidad, ser coherentes y capaces de conocerla y explicarla. En otras palabras, la realidad reclama ideas que sepan interpretarla, sin embargo, hay quienes elucubran ideas que reclaman realidades inexistentes, con pretensiones de amoldar el mundo a imagen y semejanza de su imaginación.
Febrero del 2025, La Paz, Bolivia.
Diego Hernán Moscoso Sanginés Uriarte, es economista de la UAGRM
