Por Diego Hernán Moscoso Sanginés Uriarte
Ya son varios días que el sistema de pensiones y la Gestora Pública reciben amplia cobertura noticiosa a partir de las declaraciones del presidente del Estado Rodrigo Paz cuando afirmó: “No están sus aportes en la Gestora, se los gastaron… no hay los aportes” (Opinión, 01/12/2025). Aquellas afirmaciones desataron preocupación en aportantes y jubilados, y duras críticas de distintos sectores, analistas y políticos. El ministro de economía Gabriel Espinoza, tuvo que salir al paso aclarando que “el presidente se refería al pasado, ya que el 95% de los recurso se encuentran en papeles, el 71% en el sistema financiero y el veintitantos por ciento en papeles del Tesoro General de la Nación” (Urgente, 02/12/2025).
A partir de la contradicción expresada por el gobierno se pueden extraer diversos elementos de análisis, sin embargo, la presente columna no se centra en ese debate, pues en los medios de comunicación e información circula amplia información con distintos puntos de vista, en su lugar, se propone dialogar desde una perspectiva crítica, sobre los fundamentos básicos de un sistema de pensiones que favorezca a la clase trabajadora.
Debilidad estructural de los sistemas de pensiones:
Para comenzar, es necesario entender que la debilidad estructural de un sistema de pensiones no es exclusiva de Bolivia; todos los sistemas de pensiones del mundo comparten la misma vulnerabilidad: dependen del dinero, no de la producción real. El dinero es solo un instrumento de medida, no la base material de la economía. La verdadera riqueza surge de la producción de bienes y servicios, y del trabajo que los genera, no de la acumulación monetaria. Ningún jubilado vive de billetes; vive de alimentos, vivienda, salud, transporte, educación y ocio. Por eso, los sistemas de pensiones basados exclusivamente en dinero están estructuralmente limitados y expuestos a crisis financieras, inflación o mala gestión de administradores.
En Bolivia, la Gestora Pública de Fondos de Pensiones concentra la totalidad del sistema de seguridad social a largo plazo. Actualmente, los recursos acumulados por los trabajadores representan más de la mitad del Producto Interno Bruto del país, y sin embargo, los aportantes no tienen control sobre el destino de sus propios ahorros. Este escenario evidencia una paradoja fundamental: mientras los trabajadores construyen su futuro con sacrificio, no pueden decidir sobre sus recursos, ni utilizarlos en emergencias, ni garantizar que satisfagan sus necesidades reales en la vejez.
Esta contradicción se profundiza: gran parte de los fondos previsionales se colocan en bancos, bonos y acciones, generando rentabilidad financiera principalmente para el capital privado, mientras que los trabajadores asumen los riesgos y carecen de control sobre sus propios recursos. Esta situación se hace más dramática en los casos de empresas abandonadas o quebradas por los dueños: los trabajadores al asumir la gestión de la empresa, deben cubrir sus salarios, pagar deudas con proveedores, bancos y reactivar la producción sin capital de operación, mientras que sus aportes acumulados no pueden usarse como inversión productiva. Es un doble castigo: el empleador incumple, y el sistema previsional niega la posibilidad de usar el propio ahorro para sostener la economía que generó esos fondos:
– Datos recientes: magnitud del fondo y composición de inversiones:
A junio de 2025 el fondo administrado por la Gestora alcanzó un valor de Bs 196.519 millones, equivalentes a unos US$ 28.467 millones al cambio oficial.
Esa cifra representa un volumen muy grande respecto a la economía nacional: si se compara con la magnitud del PIB boliviano, equivale aproximadamente a la mitad del PIB anual — lo que indica que los recursos acumulados por los trabajadores constituyen un capital de enorme magnitud, resultado del aporte colectivo de generaciones de asalariados.
En cuanto a la distribución de inversiones: al cierre de 2024, la Gestora reportó que del total del fondo, un 52% invertido en el sector privado financiero, un 33% en el sector estatal nacional, un 12% en el sector privado no financiero (empresas) y un 3% en el extranjero.
Estos datos confirman que el ahorro previsional de los trabajadores bolivianos —concentrado en la Gestora— representa un capital enorme y que su destino actual principal es el sistema financiero privado y entidades del Estado, con una porción mucho menor destinada a empresas privadas no financieras o inversiones en el extranjero.
Consecuencias del modelo actual:
1. Riesgo de concentración en el sector financiero privado
El ahorro de los trabajadores se transforma en liquidez barata para la banca y el capital financiero, reduciendo riesgos para esos actores, mientras que los aportantes asumen riesgos indirectos sin control ni participación real.
2. Marginalidad de la inversión productiva
El escaso porcentaje invertido en empresas productivas limita la creación de empleo, producción de bienes y servicios, y generación de riqueza material, que son la verdadera base de la economía.
3. Injusticia en casos de empresas quebradas o abandonadas
Los trabajadores deben asumir la gestión, cubrir salarios impagos, pagar deudas y mantener la producción sin capital operativo, mientras que sus ahorros previsionales no pueden utilizarse como inversión productiva. Es un doble castigo: el empleador incumple, y el sistema previsional niega la posibilidad de usar el propio ahorro para sostener la economía que lo generó.
Hacia una seguridad social productiva y democrática:
El sistema de pensiones en Bolivia necesita transformarse, pasando de un modelo monetario especulativo a un modelo de inversión productiva y social, orientado a garantizar propiedad real, bienestar y reproducción de la economía material.
1. Diversificación de inversiones en activos productivos
Cada trabajador tendría una canasta de inversiones individualizada, compuesta por acciones, participaciones en empresas públicas estratégicas, empresas cooperativas, autogestionadas y comunitarias, y proyectos de infraestructura social.
Esto permite que el ahorro genere valor real, material y social, además de rentabilidad financiera promedio estable.
2. Propiedad directa o proporcional de los aportantes
La Gestora se convierte en una institución que transforma el ahorro en propiedad productiva colectiva, donde cada aportante es copropietario de los activos de su portafolio.
Esto asegura control democrático y participación en decisiones estratégicas, alineando los intereses de los trabajadores con la economía productiva nacional.
3. Priorización de sectores estratégicos
Vivienda social, salud, alimentación, educación, transporte y energía, garantizando bienes y servicios básicos para la vida digna de los jubilados.
Industria productiva y cooperativas autogestionadas, fortaleciendo empleo, soberanía económica y aporte continuo al sistema previsional.
4. Pensión en bienes y servicios
La pensión no se limita a dinero en efectivo; puede entregarse en alimentos, ropa, transporte, turismo social, salud y otros bienes de consumo y uso de libre disposición.
Esto protege frente a la inflación, asegura valor real y conecta el ahorro previsional con necesidades tangibles de los jubilados.
5. Mecanismos de control democrático y transparencia
Participación de los trabajadores en la definición de portafolios, selección de sectores estratégicos y supervisión de la gestión de la Gestora.
Informes periódicos y auditorías externas para garantizar que los fondos cumplan objetivos sociales y productivos.
Cambio de paradigma
Con estas transformaciones, la Gestora Pública dejaría de ser un mero administrador financiero y se convertiría en un instrumento de soberanía económica de los trabajadores. Los fondos previsionales no serían solo dinero acumulado en cuentas individuales, sino propiedad productiva que genera bienes y servicios reales, protege la vejez y fortalece la economía nacional.
La riqueza no proviene del dinero, sino de la producción de medios de consumo y producción, y del trabajo que los crea. Un sistema de pensiones que transforme los aportes en propiedad tangible y bienes de uso real asegura que los beneficios del trabajo sean disfrutados por quienes los generaron, y no por intereses financieros ajenos.
Los trabajadores son quienes sostienen la economía, ya es hora de que la seguridad social a largo plazo deje de favorecer los intereses de la clase capitalista y se convierta en el mecanismo de propiedad, bienestar y control colectivo, asegurando que los aportes de toda una vida produzcan resultados tangibles y mejoren la calidad de vida de las los trabajadores.
El Alto, Bolivia, diciembre 2025.
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