La crisis del litio en Bolivia se profundiza con una acusación formal contra ocho exfuncionarios de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) por un daño económico de Bs 425 millones, derivado de la desastrosa construcción de 18 piscinas de evaporación. Este escándalo de corrupción del pasado no solo revela el fracaso del primer intento de industrialización, sino que es el combustible que hoy alimenta una severa parálisis en la Asamblea Legislativa, donde el intento de aprobar nuevos contratos de litio ha roto frágiles acuerdos y ha dejado al país en un limbo político y económico.
El Origen del Desastre: Piscinas «en Ruinas» y Acusación Millonaria, la crisis de litio en Bolivia devela mala administración
El Ministerio Público ha presentado una acusación formal por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica contra ocho exfuncionarios, entre ellos el exgerente nacional de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú. La denuncia, presentada por la propia YLB en abril de 2024, detalla que las 18 piscinas industriales construidas entre 2017 y 2019 no cumplían los estándares técnicos, quedando prácticamente inservibles.
Karla Calderón, presidenta de YLB, describió el complejo como «encontrado en ruinas», una situación que no solo generó el perjuicio económico de Bs 425 millones, sino que paralizó durante años el avance de la industrialización. Este fracaso obligó al Gobierno a cambiar de estrategia y apostar por la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), cuyos contratos con empresas chinas y rusas son, irónicamente, la causa de la crisis política actual.
Aunque la investigación sobreseyó a la empresa contratista Gerimex, la Fiscalía solicitará la máxima sanción penal para los exfuncionarios, de los cuales solo uno se encuentra con detención preventiva.
El Efecto Dominó: Parálisis en la Asamblea por los Contratos del Litio
El fantasma del fracaso en las piscinas de evaporación ahora se cierne sobre el Legislativo. Un acuerdo político mínimo para aprobar créditos y leyes urgentes ha naufragado después de que el oficialismo intentara forzar el tratamiento de nuevos contratos de litio con empresas de China y Rusia.
La octava sesión de la Asamblea, presidida por David Choquehuanca, fue suspendida por falta de quórum y se anunció un inminente receso parlamentario, dejando la agenda legislativa en un estado de parálisis total. La diputada Lissa Claros (CC) fue contundente: «Con la actitud que están tomando en forzar el tratamiento de la ley de litio, están obstaculizando esta agenda… al Gobierno no le interesa resolver los problemas de la ciudadanía».
Incluso desde el ala ‘arcista’ del MAS, el diputado Andrés Flores pidió pausar el debate del litio para priorizar los acuerdos ya alcanzados, evidenciando una fractura interna sobre la estrategia a seguir.
Más Allá de la crisis de Litio en Bolivia: Créditos y Leyes Clave en el Limbo
La obsesión por aprobar los nuevos contratos ha dejado un daño colateral de gran magnitud. La agenda legislativa estancada incluye:
- Créditos Millonarios: Más de $us 1.455 millones en préstamos del BID y otras entidades, destinados a diversos proyectos, están paralizados.
- Leyes Ambientales: La abrogación de las «leyes incendiarias», que autorizan desmontes y ofrecen «perdonazos» por quemas ilegales, queda en suspenso.
- Financiamiento Electoral: Un crédito de $us 100 millones de la agencia JICA, crucial para garantizar el voto exterior en las elecciones, también está en vilo.
La crisis en YLB y su repercusión en el parlamento pintan un cuadro desolador: mientras el mundo avanza en la carrera por el litio, Bolivia se encuentra atrapada entre un pasado de mala gestión y un presente de parálisis política que le impide capitalizar su mayor riqueza.
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