El reciente pacto sellado por los principales candidatos de derecha en Bolivia con el poderoso agronegocio no solo perfila una peligrosa licencia para quemar mediante la eliminación de la Función Económica Social (FES), sino que destapa una estrategia para adueñarse de Bolivia, utilizando los fondos de pensiones de los bolivianos para su expansión mientras eluden el pago justo de impuestos. Este acuerdo, forjado en el Foro Agropecuario 2025, amenaza con profundizar la deforestación y consolidar un modelo extractivista que beneficia a una élite a costa del patrimonio nacional y el bienestar colectivo. Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, y Manfred Reyes Villa concuerdan en entregar el oriente al sector más agresivo y ecocida del país.
El Pacto de la Derecha con el Agronegocio: Vía Libre a la Deforestación y al Control Territorial
En un evento sin precedentes en el Foro Agropecuario 2025, organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), los candidatos presidenciales Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga se comprometieron públicamente a articular sus políticas con los productores, impulsar leyes en consenso y, crucialmente, eliminar el control estatal en el agro si llegan al poder. La piedra angular de esta promesa es la modificación o pausa de 7 años de la Función Económica Social (FES), un mandato constitucional que exige el uso sostenible de la tierra.
Esta anulación de la FES es una clara «licencia para quemar». Permitiría al agronegocio expandir la frontera agrícola sin las restricciones actuales, acelerando la deforestación de ecosistemas vitales como la Chiquitanía y la Amazonía. Jorge «Tuto» Quiroga fue explícito al proponer un «Pacto Agropecuario de Salvación Nacional» que incluye «seguridad jurídica» para la tierra titulada y penas drásticas para lo que él denomina «extorsiones mediante la FES», abogando por la «prohibido prohibir» en el sector. Esto, en la práctica, significa desmantelar las pocas protecciones ambientales y sociales existentes, entregando el control del territorio al agronegocio.
La derecha no fue la primera en mimar al agronegocio en Bolivia: Mínimos Impuestos, Máximas Ganancias y el Dinero de tu Jubilación para Quemar
La estrategia para adueñarse de Bolivia se vuelve más evidente al analizar el comportamiento fiscal y financiero del agronegocio. Mientras este sector busca desregularizar sus operaciones y expandirse a costa del medio ambiente, su contribución al Estado y a la sociedad es ínfima.
Evasión Fiscal y Escaso Aporte Social del Agronegocio
Estudios como el de Stanislaw Tadeusz Czaplicki Cabezas («Desmitificando la agricultura familiar…») revelan una cruda realidad:
- Impuestos Irrisorios: Entre 2012 y 2014, las seis mayores comercializadoras de soya facturaron $1.200 millones anuales, pero solo pagaron $11,3 millones en impuestos, ¡menos del 1% de sus ventas! El caso de Gravetal es emblemático: declaró pérdidas y deudas por $136 millones durante una década para minimizar su carga tributaria.
- Mínima Generación de Empleo: Tres de las principales exportadoras de soya, con ventas superiores a $1.000 millones en 2012, emplearon solo a 1.350 personas. Gravetal, responsable del 31% de las exportaciones, contaba con apenas 195 empleados.
- Nulo Impacto en la Canasta Básica: El agronegocio aporta solo el 12,4% del volumen de alimentos, mientras la agricultura familiar, que emplea a 1,44 millones de personas, provee el 98,5%.
Este patrón demuestra cómo el agronegocio extrae enormes riquezas del país sin una retribución fiscal proporcional, debilitando al Estado y dejando la carga del abastecimiento alimentario y el empleo en manos de sectores más vulnerables.
Fondos de Pensiones al Servicio del Agronegocio: Tu Jubilación Financia las Quemas
La maquinaria del agronegocio en Bolivia no fue impulsada por al derecha, para consolidar su poder se lubrica, irónicamente, con el dinero de todos los bolivianos. El informe «Las Finanzas Grises del Agronegocio en Bolivia y su Rol en la Deforestación» del mismo Czaplicki, revela cómo los fondos de pensiones (ahora en la Gestora Pública) canalizan millonarios recursos hacia este sector:
- En 2022, los fondos de pensiones invirtieron directamente cerca de $191 millones de dólares en empresas agropecuarias.
- Contando inversiones indirectas a través de la banca o fondos de inversión, la cifra asciende a $2.569 millones de dólares.
Este financiamiento, proveniente de los ahorros para la jubilación de los trabajadores bolivianos, termina impulsando la expansión agrícola que provoca la deforestación y las quemas. La Chiquitanía, por ejemplo, perdió 565.423 hectáreas de bosque solo entre 2016 y 2021. Así, el dinero público se utiliza para destruir el patrimonio natural y beneficiar a un sector que apenas tributa.
Un «Nuevo Amanecer» para el Agronegocio, un País Hipotecado
Los candidatos de derecha venden estas propuestas como la vía hacia un «nuevo amanecer» o la «industrialización». Manfred Reyes Villa habla de «no perder el tren del desarrollo» con inversión privada. Samuel Doria Medina promete resolver crisis y crear emprendimientos. «Tuto» Quiroga declara que «el agro será el tronco del nuevo modelo económico».
Sin embargo, detrás de esta retórica, el pacto con el agronegocio y la promesa de desmantelar la FES, sumado al historial de evasión fiscal y el uso de fondos de pensiones, dibuja un panorama donde un sector específico busca adueñarse de Bolivia: controlando la tierra, los recursos naturales, el financiamiento público y la política económica, todo ello con una mínima contribución al erario nacional. Es la consolidación de un modelo donde las ganancias se privatizan y los costos ambientales y sociales se socializan, dejando un país hipotecado y a merced de intereses particulares.
También puedes leer: El agronegocio en Bolivia evita impuestos, genera pocos empleos y no genera ni el 2% de la canasta básica
