La absolución de Jeanine Áñez en el caso «Golpe de Estado II» ha abierto una peligrosa puerta que podría consagrar la impunidad para los perpetradores de las masacres de 2019. El vicepresidente electo, Edmand Lara, ya ha exigido que, con el mismo criterio, se reincorpore a los policías y militares dados de baja por su rol en la crisis, mientras el Consejo de la Magistratura advierte con destituir a los jueces que la procesaron.
Este escenario, que presenta a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos con una imagen de inocencia, amenaza con borrar de un plumazo las contundentes conclusiones del informe del GIEI y dejar a las víctimas sin justicia.
Absuelvan También a los Policías»: El Pedido de Edmand Lara tras la absolución de Añez
Apenas se conoció la anulación de la sentencia contra Jeanine Áñez por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el vicepresidente electo, Edmand Lara, no tardó en capitalizar políticamente el fallo. En un video, exigió que el mismo «criterio» se aplique a los uniformados que fueron procesados y dados de baja tras la asunción de Luis Arce.
“Como a Jeanine Añez la absolvieron de culpa, **así también deberían absolver de culpa a los policías y militares que injustamente fueron dados de baja**. (…) Así como Jeanine Añez está saliendo en libertad, así también esos policías deberían ser restituidos a la Policía Boliviana”, afirmó Lara.
El expolicía calificó los procesos contra los uniformados como «armados» y producto de una «consigna del presidente Luis Arce». Su petición sienta un precedente alarmante: si la cabeza del gobierno de facto es absuelta, sus brazos ejecutores también deberían serlo, ignorando las responsabilidades individuales en las violaciones a los derechos humanos.
Jueces que Procesaron a Áñez, en la Mira
La presión no solo viene desde el nuevo poder político. El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, ha advertido que evaluará la actuación de los jueces ordinarios que procesaron a Áñez. Si se confirma que a la exmandataria solo le correspondía un juicio de responsabilidades, estos jueces podrían ser destituidos.
“Si se demuestra que algunos jueces actuaron sin competencia en el caso Añez, estaríamos ante una falta gravísima, cuya sanción única es la destitución”, señaló Baptista. Esta amenaza crea un efecto amedrentador sobre todo el sistema judicial. Abre la posibilidad de que los procesos restantes contra los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata —donde murieron decenas de personas por disparos de munición de guerra, según el GIEI— sean anulados bajo el mismo argumento de «falta de competencia», dejando a los autores materiales e intelectuales en total impunidad.
El Informe del GIEI, en Riesgo de ser Ignorado
Esta nueva «imagen de inocencia» choca frontalmente con las devastadoras conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El informe, producto de una exhaustiva investigación, documentó «graves violaciones de los derechos humanos» y calificó los hechos de Sacaba y Senkata como «masacres».
El GIEI concluyó que:
- Las fuerzas del Estado usaron la fuerza de modo «excesivo y desproporcionado«.
- Se produjeron «ejecuciones sumarias» y las muertes se debieron a proyectiles de alta velocidad, como fusiles.
- Hubo torturas sistemáticas y violencia sexual contra personas detenidas.
- El Estado incumplió su deber de investigar y proteger a los ciudadanos, fomentando la impunidad.
La absolución de Áñez y la posible anulación de los procesos contra policías y militares implicados amenazan con convertir este contundente informe en letra muerta. Se corre el riesgo de que la narrativa oficial de un «gobierno de transición» se imponga sobre la verdad documentada de masacres y crímenes de Estado.
Un Juicio de Responsabilidades Inviable
Aunque los casos de Añez por las masacres han sido derivados a un juicio de responsabilidades, esta vía es, en la práctica, un camino hacia la impunidad. Un juicio de estas características requiere el voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa, una mayoría que la oposición no tiene.
Con la absolución en el caso «Golpe II» como antecedente, la posibilidad de que los responsables de las muertes de 2019 rindan cuentas ante la justicia se desvanece, dejando a las víctimas y a sus familias frente a un escenario donde los perpetradores no solo salen libres, sino que lo hacen con una inquietante imagen de inocencia.
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