A días del cierre del registro de candidaturas, las elecciones generales de Bolivia 2025 enfrentan una seria amenaza por el poder judicial. Una ola de recursos judiciales que podrían dejar fuera de carrera a múltiples partidos políticos.
Una serie de acciones constitucionales ha sido presentada en distintas regiones del país con el objetivo de anular personerías jurídicas o inhabilitar candidaturas, lo que genera incertidumbre sobre el desarrollo del proceso electoral previsto para el 17 de agosto.
Poder Judicial amaneza a candidaturas clave y elecciones 2025
El caso más reciente involucra una denuncia contra Unidad Nacional (UN), base de la alianza Unidad que postula a Samuel Doria Medina. La acusación se basa en una publicación de 2016 que, según los denunciantes, incurre en racismo contra la exministra Marianela Paco. UN rechazó categóricamente la denuncia y la calificó de intento antidemocrático para proscribir candidaturas.
En Santa Cruz, una acción popular presentada por Humberto Vidaurre Castillo busca inhabilitar a APB-Súmate (de Manfred Reyes Villa) y al Movimiento de Renovación Nacional (Morena) (que impulsa a Eva Copa), por supuestas irregularidades en los plazos para obtener sus personerías jurídicas. La audiencia que podría definir su futuro está programada para el 23 de mayo.
A esto se suma la estrategia del activista Peter Erlwein Beckhauser, quien ha promovido una serie de acciones judiciales contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS), base legal de la Alianza Popular que postula a Andrónico Rodríguez. Aunque una de sus acciones fue declarada improcedente, otras tres continúan pendientes en Beni, La Paz y Santa Cruz.
Beckhauser utilizó el judicial para amenazar elecciones
Beckhauser, quien fue eliminado de las listas de la alianza Unidad, reconoció públicamente que su objetivo es “colapsar el sistema político” con recursos judiciales. Ya logró la anulación de las personerías del Frente Para la Victoria (FPV) y Pan-Bol, partidos que buscaban postular al expresidente Evo Morales.
En el caso de Morales, su intento de inscripción a través de Pan-Bol fracasó el 19 de mayo debido a la anulación de la sigla. A pesar de ello, sus seguidores anunciaron movilizaciones escalonadas en protesta.
Jaime Dunn denuncia persecución política
Otro caso emblemático es el del financista Jaime Dunn, candidato por Nueva Generación Patriótica (NGP), quien denunció una serie de acciones inusuales en su contra desde que anunció su candidatura. Entre ellas: aparición en un documental sobre el caso Zúñiga, citaciones judiciales, una supuesta afiliación retroactiva al MAS y procesos administrativos por montos irrisorios.
Dunn anunció que no inscribirá su candidatura hasta resolver su situación en la Contraloría, aunque asegura tener una estrategia legal lista. Propuso además reducir la burocracia y la tramitología estatal para evitar este tipo de obstáculos a ciudadanos honestos.
TSE bajo presión judicial
Actualmente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe responder a al menos ocho causas judiciales que podrían afectar directamente a seis organizaciones políticas. Estas acciones, en su mayoría promovidas por ciudadanos o activistas con intereses particulares, amenazan con judicializar el proceso electoral y minar la confianza ciudadana en las elecciones del 17 de agosto.
También puedes leer: Netanyahu admite que financió a Hamás para dividir a los palestinos
