La propuesta estrella de Rodrigo Paz para la educación, basada en su eslogan de campaña «Agenda 50/50», ha sido calificada como inviable, propagandística e inconstitucional, desatando el rechazo frontal del Magisterio Urbano, que ya se ha declarado en estado de emergencia.
Un análisis detallado del plan revela que, más allá de ser un catálogo de buenas intenciones, la propuesta carece de mecanismos claros, ignora por completo el marco legal vigente —como la Ley 070 Avelino Siñani— y abre la puerta a una peligrosa descentralización que podría conducir a la privatización y mercantilización del sistema educativo.
Lejos de ser una solución a la crisis educativa, el plan del presidente electo se perfila como un lema de marketing sin sustento técnico, cuyas ambigüedades podrían profundizar las brechas de desigualdad entre las regiones ricas y pobres de Bolivia.
El Eslogan Vacío del «50/50»: La Promesa sin Contenido
El corazón de la propuesta educativa del PDC es la «implementación de un sistema educativo de calidad y competitivo con estándares internacionales bajo la Agenda 50/50». Sin embargo, un análisis programático revela que el documento en ninguna línea de su programa explica qué significa realmente el «50/50» aplicado a la educación.
¿Se refiere a que el 50% del presupuesto será gestionado por las regiones? ¿Significa que el 50% del currículo será de contenido internacional? ¿Implica una división de competencias entre el Estado y los gobiernos subnacionales?
La ausencia total de una definición convierte la propuesta central en un lema propagandístico sin contenido político ni técnico. No se detallan mecanismos, plazos ni costos, lo que la convierte en una promesa vacía y de imposible cumplimiento tal como está planteada.
EL Plan de educación de Rodrigo Paz Ignora la Ley y la Constitución
La principal deficiencia técnica del plan es su desconexión total con la realidad normativa de Bolivia. La propuesta ignora por completo la existencia de la Ley de la Educación N° 070 «Avelino Siñani – Elizardo Pérez«, que es la piedra angular que rige todo el sistema educativo. «Cualquier propuesta de reforma seria debe, necesariamente, plantear su abrogación, modificación o fortalecimiento.
Al no mencionarla, el plan opera en un vacío legal», señala un análisis del programa. Esta omisión es crítica y demuestra que el plan es más un documento teórico que una propuesta de política pública aplicable.
Desde una perspectiva constitucional, si bien la descentralización es posible, una transferencia masiva de competencias y recursos como la que sugiere el vago «50/50» requeriría una reforma profunda de la Ley 070 y la Ley Marco de Autonomías. Al no detallar esta reingeniería, la propuesta no solo es inviable, sino que podría generar un caos administrativo y ser declarada inconstitucional por vulnerar las competencias concurrentes que la Carta Magna establece para el sector.
El Magisterio en Pie de Guerra: «No Permitiremos la Privatización»
La reacción del sector educativo no se ha hecho esperar. El Magisterio Urbano, tras un ampliado nacional con sus 31 federaciones, se ha declarado en estado de emergencia y ha rechazado de manera contundente la propuesta del gobierno electo.
“No vamos a permitir la descentralización de la educación, la municipalización que llevará a la privatización y mercantilización del sistema educativo. Defenderemos en toda instancia (…) la educación única, fiscal y gratuita”, afirmó el dirigente Wilfredo Ajllahuanca. Para el magisterio, la «Agenda 50/50» es una amenaza directa a la educación pública.
Temen que, al transferir la responsabilidad a las regiones sin un plan claro, se creen sistemas educativos de calidades dispares: las regiones con más recursos (por regalías mineras o de hidrocarburos) podrían ofrecer una educación de élite, mientras que las más pobres quedarían rezagadas, profundizando la desigualdad. «Quien debe asumir esta responsabilidad histórica es el gobierno central», concluyó Ajllahuanca, convocando a la unidad de trabajadores, padres de familia y sectores sociales para defender la educación pública.
Un Plan con Riesgo de Aumentar la Brecha Educativa
Además de los problemas legales y el rechazo social, el plan de Paz presenta serios riesgos de inequidad. Propuestas como la «Digitalización las unidades educativas», sin un plan robusto para garantizar el acceso en zonas rurales e indígenas con conectividad limitada, podrían agravar la brecha digital y marginar aún más a los estudiantes más vulnerables.
La propuesta para la educación de Rodrigo Paz, aunque parte de un diagnóstico acertado sobre la crisis del sector, es programáticamente débil y peligrosa. Su eslogan «50/50» carece de sustento, ignora la legislación vigente y ha puesto en pie de guerra a los maestros, quienes ven en ella el fantasma de la privatización y un ataque directo a la educación pública, única, fiscal y gratuita.
