El colapso del sistema bancario boliviano, el quiebre de bancos entre 1987 y 1997 no fue una crisis, fue un desfalco documentado que le costó al Estado un estimado de 1.000 millones de dólares. Lejos de ser un accidente económico, los datos revelan una operación sistemática para transferir deudas privadas fraudulentas al erario público. Esta trama, con raíces en la dictadura de Hugo Banzer Suárez y perfeccionada en las gestiones que involucraron a Jorge «Tuto» Quiroga y Samuel Doria Medina, expone un patrón de impunidad sellado por ley una década después, durante el gobierno de Evo Morales.
El Modelo Original: La Condonación de Deuda de Banzer a la Agroindustria, el quiebre de bancos que favorece a la agroindustria
El precedente se estableció en la dictadura (1971-1978). Mediante los Decretos Supremos 13830 y 12401 de 1976, el gobierno de Hugo Banzer absorbió la cartera en mora de bancos extranjeros para rescatar a la élite agroindustrial de Santa Cruz. Los datos posteriores confirman el resultado: para 1985 durante el gobierno de Victor Paz Estensoro, la agencia del Banco Agrícola en Santa Cruz acumulaba 23.246 millones de pesos bolivianos en mora, representando un abrumador 72,69% del total de la deuda incobrable del país en esa entidad. El Estado perdonó la deuda, sentando el modelo para futuros rescates.
La Década del Colapso: Cifras de una Quiebre de bancos Anunciado
Con el retorno de la democracia, la cultura de la mala gestión se cuantificó en pérdidas millonarias. Bajo la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, la crisis se inauguró en 1987 con la caída del Banco del Progreso S.A.M. y el Banco de Crédito de Oruro por procedimientos delictivos y patrimonios insostenibles, iniciando la acumulación del déficit de mil millones.
El escenario se agravó en el gobierno de Jaime Paz Zamora, cuando sus ministros Samuel Doria Medina (Planeamiento) y Jorge «Tuto» Quiroga (Finanzas) ejecutaron la liquidación de la banca estatal, dejando el sistema en manos de actores privados que pronto protagonizarían el desastre. DOria MEdina debía montos millonarios, que ya no peuden ser investigados, porque se cerró para siempre esa entidad y los papeles, anda buscarlos a dónde.
La verdadera explosión de datos ocurrió bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
- El 25 de noviembre de 1994, la liquidación del Banco Sur y el Banco Cochabamba desató una corrida bancaria que evaporó 400 millones de dólares en depósitos en solo cinco meses, monto que el Banco Central de Bolivia (BCB) tuvo que reponer.
- Banco Sur: El fraude era estructural. Un 66% de su cartera era «vinculada» (autopréstamos). Sus obligaciones solo con el BCB ascendían a 132,1 millones de dólares. Sus responsables, Jorge Córdova Serrudo, Carlos Cronenbold Melgar y otros, enfrentaron procesos que culminaron en impunidad. Nadie fue a la cárcel.
- Banco Cochabamba: El daño económico directo fue de 47 millones de dólares. El dato más revelador: un increíble 77% de su cartera total de 63,3 millones de dólares estaba compuesta por créditos vinculados. Los procesados, incluyendo a María Elena Blanco de Estenssoro y Anibal Rivera Estrada, evitaron la cárcel.
El Rescate se Repite: Banzer, Quiroga y los Millones del BIDESA y BBA
La presidencia de Hugo Banzer (1997-2001), con Jorge «Tuto» Quiroga como vicepresidente, continuó el patrón de socializar pérdidas.
- El 12 de diciembre de 1997, la caída del Banco Internacional de Desarrollo S.A. (BIDESA) le costó al BCB 96 millones de dólares. Su cartera estaba podrida: un 94% estaba en mora, y de esa cifra, 56,8 millones de dólares (un 67%) correspondían a créditos vinculados a sus propios dueños, los hermanos y diputados Roberto Landívar (NFR) y Jorge Landívar (ADN).
- El 14 de mayo de 1999, la intervención del Banco Boliviano Americano (BBA) se saldó con la emisión de 47,6 millones de dólares en bonos del BCB para compensar la transferencia de sus activos y pasivos tóxicos. Una vez más, el Estado asumía la factura.
El Sello Final: El «Borrón y Cuenta Nueva» con Firma de Evo Morales
Tras años de juicios estancados, el acto final de impunidad se materializó, se borró el quiebre de bancos en Bolivia. Aunque la Ley 3252 se aprobó en 2005, fue el Decreto Supremo Reglamentario N° 29889, promulgado en enero de 2009 durante el primer gobierno de Evo Morales Ayma, el que ejecutó el «borrón y cuenta nueva».
Esta norma ordenó el cierre definitivo de los procesos de liquidación de los bancos Sur, Cochabamba y Bidesa. En términos contables, el Estado, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), absorbió formalmente todos los activos sin valor y las deudas incobrables restantes. El ciclo, que empezó con una condonación de deudas en dictadura, se cerró con una ley en democracia que legalizó la impunidad, demostrando que la protección a las élites financieras puede trascender todo espectro político.
Al este quiebre viene una práctica antigua pero con nuevas mañas. El quiebre del banco Fassil. Eso se verá en una segunda parte.
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