La falta de combustible y la escasez de dólares han sumido a Bolivia en una crisis sin precedentes, afectando el transporte, la producción y la economía en general. Mientras el Gobierno insiste en que «Bolivia no está quebrada», sectores productivos y cívicos advierten sobre un colapso inminente si no se toman medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina.
El problema central: Falta de divisas para importar combustibles
El presidente Luis Arce reconoció que el país atraviesa un problema de liquidez de dólares que dificulta el pago a proveedores internacionales de combustible. Según el Gobierno, la escasez de carburantes no se debe a una crisis económica estructural, sino a la falta de moneda extranjera para realizar las transacciones.
Para enfrentar la crisis, el Ejecutivo anunció 10 medidas destinadas a optimizar el uso de combustible y garantizar el abastecimiento a sectores estratégicos.
Las 10 medidas del Gobierno ante la crisis de combustible por falta de dólares
- Reducción del uso del parque automotor estatal en un 50%.
- Incremento de la distribución de combustible en surtidores del 50% al 80%.
- Creación de una aplicación digital de la ANH para informar sobre estaciones con disponibilidad de carburantes.
- Estaciones de servicio exclusivas para el transporte público.
- Priorización del suministro de combustible para el sector agropecuario.
- Garantía de abastecimiento para servicios básicos, salud y emergencias.
- Implementación de horario continuo en el sector público y privado, además de habilitar el teletrabajo.
- Clases virtuales en ciudades afectadas por la escasez de combustible y las lluvias.
- Extensión de horarios en Mi Teleférico (La Paz), funcionando de 05:00 a 23:00.
- Refuerzo militar en fronteras y estaciones de servicio para evitar el contrabando de combustible.
Crisis de transporte y educación afectada por falta de combustible y dólares
El Ministerio de Trabajo estableció desde este jueves un horario continuo laboral de 08:30 a 16:30 en todas las capitales y en El Alto, mientras que el Ministerio de Educación ordenó evaluar la transición de clases presenciales a virtuales en departamentos afectados por la crisis de combustible y las lluvias.
El ministro de Educación, Omar Veliz, confirmó que los directores departamentales tienen la potestad de aplicar tolerancias en horarios o cambiar la modalidad educativa, según la afectación en cada región. Sin embargo, padres de familia han expresado su preocupación por el acceso limitado a internet en zonas rurales, lo que dificultaría la educación virtual.
Santa Cruz exige declaratoria de emergencia
El Comité pro Santa Cruz exigió a la Gobernación declarar emergencia departamental debido a la crisis de combustible. El presidente del ente cívico, Stello Cochamanidis, responsabilizó al Gobierno de Arce por la escasez de diésel y gasolina, advirtiendo que la falta de carburantes pone en riesgo la producción agrícola y el transporte.
«No podemos esperar soluciones de un Gobierno que solo busca culpables. La crisis la vivimos todos, y necesitamos medidas urgentes para garantizar el abastecimiento», declaró Cochamanidis.
El Comité cívico advirtió que el pequeño productor es el más afectado, ya que pasa horas en filas para conseguir apenas unos litros de diésel. Además, criticó la negativa del Gobierno a permitir la importación privada de combustibles, señalando que esto aliviaría la crisis.
«El oro se vendió, pero seguimos sin combustible. Si Arce fuera coherente, liberaría la importación sin trabas, pero prefiere mantener un modelo fracasado», añadió el líder cívico.
Posibles movilizaciones y medidas cívicas
El Comité pro Santa Cruz anunció que convocará a un directorio ampliado la próxima semana para definir las acciones a seguir. No se descartan medidas drásticas si el Gobierno no garantiza una solución inmediata.
«Si el Gobierno no reacciona, tomaremos medidas más contundentes. No podemos permitir que la crisis siga afectando a toda la población», concluyó Cochamanidis.
La crisis de combustible y la falta de dólares continúan generando tensión social, incertidumbre económica y una inminente ola de protestas. Mientras el Gobierno apuesta por medidas administrativas y restricciones para optimizar el uso de carburantes, sectores productivos y cívicos exigen acciones concretas y estructurales para garantizar el abastecimiento y evitar el colapso de la economía.
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