Arturo Murillo directamente involucrado en las masacres de Sacaba y Senkata
La llegada de Arturo Murillo, exministro de Gobierno y hombre fuerte del régimen de Jeanine Áñez, deportado desde EEUU tras declararse culpable de corrupción, ha reabierto uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Bolivia. Su arribo para enfrentar a la justicia por casos como la «Masacre de Senkata» pone de nuevo en el foco el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), una investigación que desmonta sistemáticamente la narrativa oficial de «grupos subversivos» y «terrorismo» esgrimida por Áñez y su gabinete para justificar las ejecuciones sumarias y la violencia estatal que dejaron decenas de muertos y heridos en 2019.
La Narrativa Oficial de 2019: «Grupos Subversivos Armados»
Para entender la magnitud de la masacre, es crucial recordar la versión que el gobierno de facto difundió en noviembre de 2019. En una conferencia de prensa junto al Alto Mando, la propia Jeanine Áñez denunció la existencia de «grupos subversivos armados» con presencia de extranjeros.
“Hemos recibido agresiones físicas a instalaciones estratégicas nacionales, como son ductos estropeados y amenaza de agresiones explosivas que destruirán totalmente plantas estratégicas de hidrocarburos como la de Senkata”, afirmó Áñez el 15 de noviembre de 2019. Este discurso fue reforzado por su gabinete. El entonces Ministro de Defensa, Luis Fernando López, aseguró que no permitirían que «extranjeros armados» transgredieran las instituciones. Arturo Murillo, por su parte, afirmó que «gente delincuencial» quería tumbar al gobierno. Esta fue la justificación para desplegar operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas que terminarían en tragedia.
El GIEI Desmonta la Mentira: Determina que fueron Masacres y Ejecuciones Sumarias
El informe del GIEI, basado en un análisis exhaustivo de pruebas balísticas, testimonios y documentos, no solo contradice, sino que pulveriza la versión del gobierno de Áñez. La investigación concluye que en Sacaba y Senkata no hubo enfrentamientos, sino masacres perpetradas por agentes del Estado.
Sacaba: Disparos a Matar y Ejecuciones Sumarias
El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba (Cochabamba), 10 civiles murieron y cerca de un centenar resultaron heridos. El GIEI fue contundente en sus hallazgos:
- Las fuerzas de seguridad actuaron con la «intencionalidad de matar, incluso a personas en fuga».
- Las muertes fueron causadas por proyectiles de «alta velocidad-fusil», munición militar letal.
- Disparos por la nuca en algunas víctimas y orificios de entrada y salida en otras son indicativos de ejecuciones sumarias, un crimen de lesa humanidad según la jurisprudencia de la Corte IDH.
Senkata: El Falso Intento de Explosión
El 19 de noviembre en Senkata (El Alto), la represión dejó 10 personas fallecidas y 78 heridas. La justificación oficial fue que los manifestantes intentaban volar la planta de YPFB. El GIEI desmiente categóricamente esta versión:
No existió un riesgo concreto de explosión: Las estructuras sensibles de la planta nunca estuvieron en peligro inminente.
El muro fue derribado por empujones: El informe descarta el uso de dinamita. Pruebas audiovisuales y forenses demostraron que el muro perimetral, débil y antiguo, fue derribado por la fuerza de un grupo de personas. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) calificó el informe oficial que hablaba de explosivos como «inconsistente».
Ingreso limitado y sin riesgo: Los manifestantes solo ingresaron a un patio de vehículos incautados, una zona alejada de cualquier área de manejo de combustible.
El GIEI concluye que la masacre fue resultado de una «persecución violenta» y un «conjunto de ejecuciones sin amparo legal» donde las fuerzas del Estado usaron violencia letal de manera «excesiva e injustificable».
Los Nombres de la Responsabilidad: Quiénes son los Acusados por el GIEI
El informe no se queda en generalidades y apunta a responsables directos con nombre y apellido en distintos niveles de la cadena de mando.
Autores Mediatos (Intelectuales):
Arturo Murillo Prijic: Exministro de Gobierno, imputado como autor mediato en la masacre de Sacaba por su rol en el control y aval de las operaciones.
Luis Fernando López Julio: Exministro de Defensa, imputado por los mismos cargos que Murillo en Sacaba.
Comandantes en el Terreno (Sacaba):
General Alfredo Cuéllar Mercado: Excomandante del CEO, imputado por asesinato por ordenar el plan de operaciones militares.
Coronel Jaime Edwin Zurita Trujillo: Excomandante de la Policía de Cochabamba, imputado por ordenar el uso de gases para facilitar el avance militar con armas de fuego.
Comandantes en el Terreno (Senkata):
General Luis Fernando Valverde Ferrufino: Exdirector de la ANH, imputado como autor mediato de homicidio.
General de Brigada Franko Orlando Suárez: Excomandante de la División Mecanizada, imputado por desplegar personal militar con armamento letal de forma desproporcional.
El informe también señala la responsabilidad de otros actores, como grupos civiles paraestatales como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que actuaron con la complicidad de la policía, y la grave omisión del sistema de justicia (Fiscalía y Poder Judicial) por no investigar y, en algunos casos, convalidar detenciones ilegales y torturas.
El regreso de Arturo Murillo no es solo el retorno de un prófugo. Es la oportunidad para que la justicia boliviana actúe sobre la base de pruebas contundentes y siente en el banquillo a los responsables de una de las represiones más sangrientas de su historia democrática.
