Las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata han denunciado un flagrante bloqueo a la justicia por parte de los propios tribunales que anularon los procesos contra militares y policías implicados en los hechos de 2019.
Mientras las órdenes de libertad para los acusados se emitieron en 24 horas, las asociaciones de víctimas llevan semanas sin ser notificadas oficialmente de los fallos, un requisito indispensable para poder iniciar el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez y agotar las vías internas antes de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Esta denuncia se produce en un contexto de alta tensión, avivado por el reciente regreso a Bolivia de Arturo Murillo, exministro de Gobierno señalado por el informe del GIEI como uno de los autores mediatos de las masacres.
«Celeridad para los Acusados, Burocracia para las Víctimas»
El representante de las víctimas, David Inka, expuso una contradicción que califica como una vulneración de sus derechos. Los tribunales de El Alto y Sacaba, que anularon los juicios ordinarios contra los presuntos responsables materiales, aún no les entregan las resoluciones judiciales.
“Para Jeanine Áñez, en 24 horas han hecho aparecer las órdenes de libertad, pero para las víctimas de Senkata y Sacaba, estos dos tribunales no nos entregan el documento”, reclamó el activista. Inka explicó que sin esas sentencias documentadas, no pueden solicitar formalmente al Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, que inicie la proposición acusatoria para el juicio de responsabilidades, como recomienda el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). «Para unos hay celeridad en la documentación judicial y para otros, la mayoría para las víctimas, no hay esa celeridad», sentenció.
El Fantasma de la Impunidad en la Asamblea Legislativa, cambiar masacre de Sacaba y Senkata
Una vez superado el obstáculo judicial, las víctimas enfrentan un muro político aún mayor: la Asamblea Legislativa Plurinacional. Inka advirtió que la composición del nuevo legislativo podría no solo impedir el avance del juicio, sino anularlo por completo.
“Si se anula el juicio político, eso significaría que Áñez nunca ordenó ni firmó el Decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas y la Policía. En consecuencia, se pretende decir que no hubo masacres, ejecuciones sumarias ni violaciones de derechos humanos, y que el informe del GIEI no existe. Eso es lo que nos quieren imponer”, afirmó Inka.
El dirigente lamentó que exministros y funcionarios del gobierno de Áñez ahora son senadores y diputados, lo que podría garantizar los dos tercios necesarios no para hacer justicia, sino para «anular la demanda» y consagrar la impunidad.
El Informe del GIEI: La Prueba Irrefutable que Señala a Murillo y la Cúpula de Áñez
La lucha de las víctimas se fundamenta en el contundente informe del GIEI, que desmontó la narrativa oficial de «grupos subversivos» y concluyó que en Sacaba y Senkata se perpetraron masacres y ejecuciones sumarias con munición de guerra.
El informe no solo describe los hechos, sino que identifica a los presuntos responsables con nombre y apellido:
Autores Mediatos (Intelectuales): Arturo Murillo Prijic (exministro de Gobierno) y Luis Fernando López Julio (exministro de Defensa).
Comandantes en el Terreno: Los generales Alfredo Cuéllar Mercado, Luis Fernando Valverde Ferrufino y Franko Orlando Suárez, junto al coronel Jaime Edwin Zurita Trujillo.
El regreso de Murillo a Bolivia para enfrentar a la justicia por otros casos es visto por las víctimas como una oportunidad para que finalmente responda por su rol en la represión de 2019.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos: La Última Vía
Ante este panorama de obstrucción judicial y posible bloqueo político, las víctimas ya miran hacia la justicia internacional. Organismos como la CIDH y ONU Derechos Humanos han expresado su preocupación por las anulaciones de los juicios. David Inka aclaró que agotar la vía interna es un requisito para poder llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
«Si se concreta este acto de impunidad en la Asamblea, lo único que nos quedará será acudir a la Corte», concluyó, asegurando que no pedirán una nueva investigación, pues las pruebas documentadas por el GIEI son irrefutables.
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